En Colombia la paz continúa siendo un espejismo que refleja el deseo de millones de ciudadanos que anhelan que la muerte no vuelva a tocar su puerta, ni la de los suyos.
Pese al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los más de 50 años de conflicto armado están latentes.
La memoria, esta vez no tan infiel como suele decirse, aún retiene a los más de 220 mil muertos, a los millones de desplazados, a las decenas de miles de desaparecidos, amén de los incontables secuestros y violaciones.
Pero, el sendero hacia la paz, minado de contradicciones, continúa.
Tan solo este miércoles a la media noche, después de semanas de demora en el Senado, la Corte Constitucional aprobó la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de juzgar y sancionar a quienes con sus acciones violaron los derechos humanos de millones de colombianos.
No obstante, se estableció que quienes sean juzgados por este tribunal podrán participar en política, sobre todo ahora que los más de 7 mil combatientes de las FARC devinieron en reciclarse en un partido político.
A principios de noviembre de este año, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de las FARC, informó que el exguerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será su candidato presidencial, teniendo como compañera de fórmula a Imelda Daza, quien formó parte del partido de izquierda Unión Patriótica y estuvo exiliada en Suecia durante más de 20 años.
EXTRADICIÓN
Algunos aspectos de la creación de la JEP no han sido del agrado del otrora movimiento guerrillero, toda vez que posibilita que estos sean extraditados por crímenes cometidos una vez finalice el proceso de pacificación.
“Nos parece preocupante la interpretación que la sentencia parece hacer del acuerdo final”, aseveró Luciano Marín, mejor conocido como Iván Márquez, excomandante guerrillero y jefe negociador de la exguerrilla en los diálogos de Cuba. “Hay aspectos del fallo que generan consecuencias adversas para la paz (...), altera contenidos acordados entre las partes”, recalcó.
La Corte Constitucional fue clara al determinar que si los desmovilizados incumplen sus compromisos perderán todos los beneficios, incluyendo el de la extradición.
“En otras palabras, el incumplimiento por parte de los excombatientes a cualquiera de las condiciones del mencionado sistema o a cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el A.L. 1 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso. Dicho cumplimiento será verificado, caso por caso y de manera rigurosa, por la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala el fallo del alto tribunal colombiano.
En su momento, la JEP no avanzó debido a las observaciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien exigió que los delitos de ejecución permanente tuvieran que ser de competencia de la jurisdicción ordinaria.
CUESTIONAMIENTO
Las FARC insisten en que la creación de este mecanismo quebrantó el sistema de justicia pactado en el acuerdo de paz.
“Desvertebra el concepto de JEP negociado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto. En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC”, manifestó el excomandante guerrillero.
Criticó el hecho de que la Corte haya establecido que los civiles señalados de delitos graves solo asistan de forma voluntaria a los tribunales de paz, y ampliado el fuero a altos funcionarios y exfuncionarios para no ser juzgados bajo este sistema.
El fallo, afirmó, “no contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad”.
“Recurriremos a todas las instancias internacionales para que el acuerdo de paz se cumpla”, indicó por su parte el excomandante guerrillero Pablo Catatumbo.
Según lo establecido, la vigencia de la JEP será de 20 años.
(Con información de AFP, AP, Reuters, ‘Semana’, ‘El Espectador’)
Sanciones contempladas
Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan verdad y responsabilidad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción mínima de cinco años y una máxima de ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, la sanción será de dos a cinco años.
Las personas que no admitan responsabilidad y sean condenadas por parte del tribunal enfrentarán privación efectiva de libertad de entre 15 y 20 años en caso de conductas muy graves. La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política, mientras que las personas que se sometan a ese tribunal no podrán ser extraditadas por hechos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo de paz.