La organización no gubernamental Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA) ha señalado el año 2016 como uno de los más difíciles para la vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.
La fuerte escalada represiva en Venezuela sería la mayor ocurrida desde el mes de febrero de 2014, dice la organización.
El CDDA, que tiene su sede en Washington, señala en un comunicado difundido ayer que “este año el gobierno, combinado con el Tribunal Supremo bajo su control, han hecho lo imposible por despojar ilegítimamente de sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición desde el 6 de diciembre de 2015”.
“Estos esfuerzos del Gobierno incluyen el desaforo de tres diputados que consolidan la mayoría calificada de la oposición en ese cuerpo legislativo y permite la toma decisiones vitales para alcanzar salidas constitucionales que exigen los partidos de la (opositora) Mesa de Unidad Democrática (MUD)”, dice el CDDA, según publicó el medio digital La Patilla.com.
Según el CDDA, organismo que se dedica al análisis y la promoción de la democracia en la región, a ese “desmedido esfuerzo” de despojo contra la Asamblea Nacional “se suman amenazas de enjuiciamiento a sus miembros, en especial su presidente, el diputado Henry Ramos Allup, culminando en declaraciones del propio presidente Maduro sobre su intención de pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la posibilidad de desconocer la inmunidad parlamentaria de la que gozan constitucionalmente los diputados, y la más reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos todos los actos de la Asamblea Nacional en tanto se encuentren incorporados a esta los tres diputados desaforados”.
La organización también destaca el “deliberado esfuerzo por impedir el referendo revocatorio constitucional”, cuyo proceso de convocatoria se encuentra legalmente activado “y en dilatada tramitación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
“La contundente manifestación popular del pasado 1 de septiembre y las manifestaciones de repudio al presidente en la población de Villa Rosa, en el estado Nueva Esparta, han desatado nuevas acciones represivas contra líderes de oposición y de la prensa libre que todavía resiste en el país”.
LA SIP y el caso jatar
Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación del periodista venezolano Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, detenido en Isla Margarita el sábado pasado, y se sumó al pedido a las autoridades de que se garantice su seguridad y el acceso al debido proceso, según un comunicado del organismo.
Jatar, de 58 años, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y acusado por “legitimación de capitales”, imputación basada en el hallazgo en su vehículo de un maletín con 25 mil dólares y 19 mil bolívares” (unos mil 900 dólares).
Sin embargo, su familia denunció que el arresto es una retaliación contra Jatar y un acto de intimidación por difundir información y videos sobre una protesta local contra el presidente Nicolás Maduro.