El Gobierno formalizó ayer el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Solución Amistosa del 11 de octubre de 2011 y el Decreto de Gabinete No. 42 del 13 de noviembre de 2012, en los que el país reconoce y pide perdón públicamente por la desaparición forzada de la estudiante Rita Irene Wald Jaramillo, hecho ocurrido en la dictadura militar.
El evento se llevó a cabo sin acceso a los medios de comunicación, en el salón Amarillo de la Presidencia de la República, con la presencia del mandatario Juan Carlos Varela; la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo de Alvarado; algunos ministros de Estado y los familiares de Rita Wald.
La Secretaría de Comunicación del Estado informó, a través de un comunicado, que el presidente se comprometió a que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en este caso.
“Reconocemos [la] responsabilidad del Estado derivada del caso Rita Wald”, expresó Varela, al tiempo que indicó que “esto es un paso en el proceso de reconciliación nacional para conocer la verdad de lo acontecido durante la dictadura militar”.
Por su lado, Edwin Wald, hermano de la joven, expresó su satisfacción por el compromiso del presidente de cumplir con el acuerdo, comenzando con el acto de solicitud de perdón público, tan solo tres meses después de haber establecido la hoja de ruta para este proceso y haber sido avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hay que reconocer el gesto del Gobierno y el reconocimiento a la lucha de esa familia tenaz, valiente perseverante”, manifestó, entretanto, el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
Aseguró que es importante que se le dé seguimiento al compromiso adquirido por el Estado, que incluye también una reparación material, por lo que la Defensoría estará vigilante.
HISTORIA
Rita Wald era una activista estudiantil que adversaba la dictadura militar de Omar Torrijos y quien fue vista por última vez la tarde del 27 de marzo de 1977. Ella cursaba el sexto año de la escuela secundaria y desapareció cuando tenía 17 años.
Según sus familiares, su desaparición forzada se dio debido a su férrea oposición a la dictadura militar y por el liderazgo estudiantil que representaba para esa época, cuando estaban por firmarse los tratados canaleros Torrijos-Carter.
Esta joven chiricana fue una de las 110 víctimas de la dictadura militar, cuyas muertes o desapariciones fueron investigadas por la Comisión de la Verdad, la cual determinó que se dieron suficientes elementos para concluir que la desaparición fue un crimen con motivaciones políticas.
Fue el 22 de octubre de 2003, cuando la CIDH recibió una petición presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en la que se alegó la violación por parte del Estado de Panamá de los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación a la desaparición de la estudiante. Los peticionarios de esta demanda fueron Edwin Wald y Edwina Mercedes Jaramillo.
Los peticionarios alegan que, al igual que en otros casos durante el régimen militar que gobernó a Panamá entre 1968 y 1989, no se llevaron a cabo investigaciones efectivas por parte del Estado panameño para dar con el paradero de la víctima.
El 14 de marzo de 2006, la CIDH declaró admisible la demanda de los peticionarios.
En abril de 2009, la familia Wald rechazó llegar a un acuerdo amistoso con el entonces presidente Martín Torrijos, debido a que no se incluía el perdón público por parte del Estado ni una reparación económica.
No fue hasta 2011, y para evitar una condena por este caso, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli llegó a un acuerdo con la familia Wald y decidió otorgarles una indemnización.
El acuerdo de solución amistosa menciona, además, que el Estado reconoce haber violado el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de Rita Wald.
De igual forma, el Estado reconoció haber violado las garantías judiciales, por no haber existido una investigación exhaustiva de los hechos ni de identificar, juzgar y sancionar a los responsables; y haber violado los artículos I, II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Las partes acordaron una reparación económica de 681 mil dólares por el daño material, inmaterial o moral causado por la desaparición forzada de Wald, que sería destinada a una fundación.