La implementación del sistema penal acusatorio (SPA) trae consigo cambios en los roles de los fiscales, jueces y abogados, e incluso en la manera de dar cobertura a los procesos judiciales por parte de los periodistas y medios de comunicación social.
Así lo explicó el periodista argentino Sebastián Lafón, quien participó en un seminario dictado recientemente a comunicadores del país –bajo la coordinación del Ministerio Público– con el fin de actualizarlos en todo lo relacionado con el SPA.
Para Lafón, uno de los cambios más significativos del SPA con relación al antiguo sistema inquisitivo es que se modifica la concepción de que todo proceso debe llegar a un juicio.
En el SPA eso cambió y se busca lograr que durante el desarrollo del proceso las partes lleguen a acuerdos para evitar el juicio, dijo.
Según Lafón, los periodistas deben contribuir a rediseñar esta concepción que tiene la sociedad del sistema de justicia inquisitivo, ya que los comunicadores son un elemento multiplicador del SPA.
Recalcó que ahora ya no se deben esperar semanas y meses para que un fiscal decida si mantiene o no la detención de una persona, ya que esto queda en manos del juez de garantías y este juzgador ahora solo tiene como función única dictar sentencia. Es decir, al juez se le elimina toda la carga administrativa de manejo de personal y cualquier otra actividad que no tenga que ver con la de dictar sentencia.
Dijo que en el caso de los periodistas, estos deben convertirse en colaboradores de la justicia, ya que en ocasiones son los primeros en llegar a una escena del crimen antes que el fiscal o la Policía, y por tanto, debe reconocer sus límites legales y éticos, para no dañar o entorpecer una investigación criminal (ver tabla).
Así mismo, destacó que la oralidad del sistema permite a los periodistas tener acceso a los detalles de un proceso, a los puntos de vistas de las partes y, además, conocer de primera mano las decisiones que dicte el juez en el acto de la audiencia.
Por otra parte, recalcó que el SPA es una gran oportunidad para lograr que la justicia sea ágil, por lo que no habrá tantas demoras y se obtendrán resultados de manera rápida.
Por su parte, Delia de Castro, coordinadora general de la Oficina de Implementación del SPA del Ministerio Público, reconoció que el reto es convencer a la ciudadanía de los beneficios del nuevo modelo de gestión de la justicia y que la inversión y el esfuerzo hechos hasta ahora valen la pena.
Coincidió con Lafón al considerar que el cambio de mentalidad del ciudadano común es el mayor reto, ya que la gente está acostumbrada a que quien comete un delito debe ir a la cárcel, y eso ya no necesariamente es así.
Si la persona ofendida o víctima recibe una compensación o una reparación por el daño ocasionado, se puede alcanzar un arreglo en el que el investigado puede no llegar a la cárcel.
No obstante, recalcó que estos acuerdos son vigilados para lograr su cumplimiento y se aplica una serie de normas de comportamiento que tampoco pueden ser violadas por las partes.
A modo de ejemplo, explicó que si alguien sufre un hurto de un objeto de valor y durante el proceso el acusado acepta pagar o reponer el bien, no se llega a un juicio ni se le aplica una pena de cárcel.
Explicó la funcionaria que además de la reparación del daño, el implicado puede ser sentenciado a realizar trabajos comunitarios, así como a someterse a tratamientos sicológicos, si es el caso, y también se le ordena un período de la alejamiento de la víctima, entre otras alternativas.
Reiteró que se trata de un sistema mucho más ágil, que permite alternativas de solución de los conflictos en varias etapas del proceso antes de llegar al juicio.
No obstante, reconoció que se requiere de una fuerte inversión económica por el factor de innovación tecnológica y de personal especializado que se necesita.
Dijo que en Panamá la Policía Nacional, el Ministerio Publico, el Órgano Judicial y otras instituciones, como la Autoridad Nacional de Aduanas, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Servicio Nacional de Protección Civil requieren trabajar de forma armónica en el sistema penal acusatorio.
Mientras tanto, Grisel Mojica, coordinadora del proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, concluyó que la efectividad del SPA ha quedado demostrada en todos los países donde se ha aplicado.
Mojica detalló que en Panamá las audiencias de control se resuelven entre 24 y 30 minutos, y que la mayoría de los casos no llega a juicio.
Dijo que si bien todavía se requiere afinar algunos detalles sobre recursos y personal, el sistema está operando bastante bien.
(Con información de Carlos Alberto Vargas).