Pese a que desde septiembre pasado la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) prometió que alcaldes y representantes se despojarían del privilegio de licencia con sueldo, reportes de la Contraloría General de la República, al cierre de 2021, dejan claro que esta práctica se mantiene.
El 28 de septiembre de 2021, en plena pandemia de Covid-19 que ha provocado la destitución de miles de personas de sus empleos, el presidente de la Amupa, el alcalde de Colón, Alex Lee, dijo que él y 29 de sus colegas, así como unos 170 representantes de corregimientos, se quitarían el privilegio de las licencias con sueldo. Para ello dijo que promoverían una reforma a la ley de descentralización a través de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el también representante y diputado Javier Sucre.
Pero nada de eso ha ocurrido. La Contraloría certificó a través de un informe al abogado Ernesto Cedeño que 30 alcaldes se mantenían a finales de 2021 en esta condición. Solo ese grupo le cuestan al Estado más de $50 mil al mes sin que ejerzan esas funciones. Esto es sin contar los ingresos que reciben como alcaldes, que incluyen en muchos casos, aparte del salario, gastos de representación, movilización y dietas.
Un caso que llama la atención es precisamente el del propio Lee, quien figura entre los 10 alcaldes que más ingresos reciben, con $10 mil 750. A esto hay que agregarle los $1,200 de la Autoridad Marítima de Panamá por su licencia con sueldo. Este diario lo llamó ayer en tres ocasiones, pero no respondió su celular.
El contralor Gerardo Solís justificó hace poco en el pleno Legislativo que la licencia con sueldo es una práctica legal. Para ello citó los artículos 72 y 83 de Ley 37 del 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública.
Cedeño dice que para evitar estas incongruencias se deben reformar estas normas. Plantea, además, que ningún alcalde que tenga vehículo asignado debería recibir gastos de movilización.
En la Asamblea hay al menos dos iniciativas de ley que buscan eliminar esta prerrogativa, pero no han prosperado. Tampoco avanzó una similar que presentó en 2015 el procurador de la Administración, Rigoberto González.
