La Fiscalía Segunda Anticorrupción inició la toma de indagatorias a 15 personas vinculadas a la investigación por supuestas irregularidades en el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) durante el gobierno pasado. El despacho judicial, a cargo de la fiscal Vielka Broce, imputó cargos a estas 15 personas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en su modalidad de peculado (ver tabla).
Lo anterior consta en la providencia de indagatoria 34 del pasado 29 de abril, elaborada por Broce, documento que sustenta la vinculación de los mencionados en el proceso que analiza si en la compra de materiales de construcción a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) se dieron anomalías.
El pasado miércoles 25 de mayo, por ejemplo, la fiscalía indagó a Marcos López, exjefe de Asistencia Habitacional del Miviot, proceso que continuará esta semana.
El exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, preso en la cárcel El Renacer por corrupción, manifestó ante la Fiscalía Segunda que Adolfo De Obarrio, quien durante la gestión pasada fungió como secretario privado del presidente Ricardo Martinelli, era quien le daba “instrucciones” sobre a qué personas le debía comprar.
Mientras, en pesquisas realizadas por la fiscalía, y cuyos detalles reposan en la providencia de indagatoria, se indica que pese a que el Gobierno pagó por el transporte de los materiales de construcción, en buena parte de los casos esta mercancía no llegó a los panameños que debían beneficiarse.
La providencia de indagatoria también destaca que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República determinó que en este caso se causó un perjuicio económico al Estado por $1.5 millones entre 2012 y 2014.
El despacho judicial también sustenta que aquí“se malversó fondos del Estado, con la ejecución del programa Piso y Techo, beneficiando al mismo círculo económico con la adjudicación de las compras por invitación directa, sin que estas cumplieran con los requisitos que debían acatar los interesados en participar en los procesos de contrataciones con el Estado (...)”.