Cualquiera pensaría que en tiempos en los que se busca la reducción del consumo de combustibles fósiles y la protección de zonas ricas en biodiversidad, como las Falkland/Malvinas, hablar de extraer petróleo estaría vedado. Pero no es así. La dirección de Recursos Minerales ha otorgado 24 licencias de exploración de 2010 a la fecha, la mayoría de ellas ubicadas a 200 millas al norte y al sur de la costa.
Las autoridades aseguran que están conscientes de los riesgos y están tomando las precauciones necesarias para evitarlos, ya que su modo de vida estáíntimamente ligado a la naturaleza y al turismo.
Con las licencias otorgadas –correspondientes a seis empresas– han generado 750 mil libras al año (alrededor de un millón de dólares), que les permiten mantener la operación de la Oficina de Hidrocarburos, la cual, prevén ampliar –en espacio físico y especialistas– en caso de que la fase de exploración arranque en 2020, a fin de tener la capacidad de hacer los monitoreos y el seguimiento de la actividad.
Stephen Luxton es el director de la oficina, y asegura que cuando una compañía quiere realizar una exploración pasa aproximadamente un año haciendo aplicaciones que demuestren su capacidad para realizar estos estudios. En ese tiempo también debe presentar un diseño de cómo va a ser la extracción de la reserva y de cómo va a ser la bomba que va a sacar el crudo. De hecho, con Premier Oil, la empresa británica dueña del proyecto denominado Sea Lion, que debería entrar en período de extracción en 2020, empezaron hace varios meses la fase de planificación, de hacer un plan de desarrollo y, según Luxton, será hasta 2017, quizás, que le emitan la licencia para que hagan la extracción.
Luxton explicó que el modelo que utilizarían para extraer petróleo es tener un buque anclado sobre el mar y, a través de tubos plantados en el suelo marino bombearían el crudo de la corteza hacia arriba. La fase uno de producción, prevista para dentro de cuatro años si la empresa cumple con todo lo necesario, tendría una vida de 20 años, porque el depósito contiene unos 220 millones de barriles. En tanto, para los campos dos y tres se han estimado unos 300 millones de barriles en cada uno.
“El año pasado hubo una exploración no comercial en la que encontraron petróleo, pero no tenía la cantidad suficiente para ser rentable”, además de que la muestra de petróleo no tenía la calidad requerida (era muy espesa), indicó.
¿Y después de extraído el petróleo qué harán con él? Luxton manifestó que dependerá de Premier Oil, que la entidad piensa que lo más conveniente es enviarlo al Medio Oriente, pero otra opción es el sudeste de Asia y de Estados Unidos, dependiendo de qué harán cuando refinen el petróleo con sus componentes, ya que a pesar de que el crudo encontrado es considerado de buen valor –medium crude oil–, tiene un alto nivel de cera.
Sobre las ganancias que les dejará esta actividad, precisó que a las empresas se les cobra un 9% de impuesto cuando se inicia, básicamente por las licencias, pero van a tener hasta el tercer o cuarto año de ventas libres, sin impuestos, para que recuperen su inversión. Después de ese período de gracia, el impuesto será del 26%.
Por lo volátil del mercado, Luxton afirmó que no han hecho predicciones sobre la cantidad de dinero que le dejará a las islas esta actividad.
Aclaró que el gas es una opción, pero no tienen una gran reserva.
Las islas tienden a utilizar las energías limpias, como la eólica, que produce el 40% de la energía que ellos consumen. Sin embargo, la solar es todavía una tecnología emergente, de la que hacen uso en otras islas donde hay granjas. En esas instalaciones el 80% de su consumo es de solar y eólica.
La posibilidad cierta de que se exploten yacimientos de petróleo fue objeto de una fuerte reacción del Gobierno Argentino en noviembre de 2013, cuando emitió un comunicado en el que declaró que “estos intentos [de exploración explotación de petróleo] son manifiestamente contrarios a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que exige a Reino Unido y a Argentina abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas, mientras que la disputa de la soberanía entre los dos países siga pendiente”. Para esa misma fecha aprobó una ley en el Congreso que prevé“penas de prisión por una duración de hasta 15 años; multas equivalentes a 1.5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de que individuos y empresas operen en Argentina (sin autorización) y la confiscación de los equipos y cualquier hidrocarburo que hubiera sido extraído ilegalmente”.
Esta posición se ha mantenido. En abril de 2015, el entonces secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, anunció que el Gobierno impulsaría una demanda penal contra los responsables de las empresas que hacían labores de exploración, en lo que se convertiría en la primera acción derivada de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2013.