La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), la Fundación Espacio Cívico y la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, hicieron un llamado ayer a la Asamblea Nacional, para que establezca normativas orientadas a mejorar la transparencia en su gestión.
El llamado se dio un día después de que se hiciera público el reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en el que la Asamblea salió deficiente, situada en la décima posición de entre los 13 países evaluados.
Piden cambios
En ese sentido, las organizaciones que impulsan la campaña “Yo quiero una #AsambleaTransparente” señalaron que “resulta verdaderamente alarmante el bajo nivel de estructuras formales que garanticen la transparencia de la Asamblea Nacional”.
Coinciden en que “las mejoras que la Asamblea necesita en su gestión están concentradas en gran medida en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno”. Por ello, hacen un llamado a todas las bancadas políticas representadas en el Legislativo para que modifiquen el reglamento “hacia la transparencia, de acuerdo con la hoja de ruta contenida en el reporte”.
Las organizaciones esperan que las instituciones de control, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Contraloría General de la República, impulsen acciones puntuales y directas para elevar “los pobres estándares de gobernanza” y fomentar la transparencia.
Buenas prácticas
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo a este medio que el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa muestra aspectos de buenas prácticas de otros países, que el parlamento puede considerar para mejorar su gestión.
Entre ellos, establecer una regulación específica sobre la transparencia y el acceso a la información, al igual que hacer público el gasto en planillas de las bancadas o grupos de diputados, dar a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestario, realizar auditorías externas o internas, y poner en práctica metodologías e instrumentos eficaces para fomentar la participación sistemática de la ciudadanía en los procesos de discusión de las leyes.
“Este índice también se puede ver como una hoja de ruta de lo que hay que hacer, más allá de los temas políticos y pulseos a lo interno de la Asamblea”, planteó De Obaldía.
Por su lado, Leah Boersner, de la Fundación Espacio Cívico, manifestó que en el tema de la transparencia y mayores controles, la ciudadanía juega un papel importante, por lo que tiene que activarse para solicitarle al Legislativo ir hacia la ruta de la transparencia.
Para ello, explicó, la ciudadanía debe ejercer un voto informado en las elecciones generales y estar atenta de lo que ocurre a nivel nacional. También sugirió que se puede contactar al diputado del circuito por medio de cartas, llamadas, reuniones y redes sociales, con el propósito de solicitarle información o exigirle rendición de cuentas.
Desde la Asamblea
El diputado independiente Juan Diego Vásquez también es de la tesis de que la Asamblea debe mejorar en sus leyes y acciones. “La Asamblea tiene un largo camino por mejorar en materia de transparencia, rendición de cuentas, y en fiscalizar la actuación de los diputados. Hay que tener cuidado porque esta clasificación nos compara con los parlamentos de Bolivia y Venezuela”, manifestó.
Mientras que Crispiano Adames, presidente de la Asamblea, al ser consultado por los resultados del índice, indicó que el Legislativo está revisando normativas referentes al conflicto de interés y a su reglamento interno. Sobre este último documento, dijo que el propósito es que se ajuste a un proceso de rendición de cuentas que exige la sociedad.
“La clase política tiene la voluntad de actuar en base a la solicitud de rendición de cuentas que en estos momentos se exige”, afirmó.
Datos del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa revelan que la Asamblea obtuvo deficiencia en dos de los cuatro aspectos evaluados: normativa y presupuesto y gestión administrativa, con calificaciones de 17.5% y 11.8%, respectivamente. En normativa obtuvo la peor calificación de todos los congresos evaluados.
Después de Panamá, siguen los parlamentos con mala puntuación: Bolivia, Honduras y Venezuela. Es la segunda vez que Panamá participa de este informe.
