En el escenario de la pandemia del coronavirus, el abogado Raúl Roger interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, a título personal, un recurso de habeas corpus para que se conceda medidas cautelares distintas a la detención preventiva a cientos de mujeres y hombres recluidos en las cárceles del país.
El recurso, de carácter colectivo, excluye a detenidos por homicidio, violencia doméstica, delitos sexuales, robo, pandillerismo e infracciones que impliquen acciones violentas.
Así están las cárceles del país
Hasta febrero pasado, en las 22 prisiones del país había 18 mil 127 presos, de los cuales, 10 mil 600 están condenados y el resto, 7 mil 527, aún son procesados. Son datos del Ministerio de Gobierno.
Roger argumentó a La Prensa que en las cárceles hay miles de privados de libertad en espera de juicio por delitos que no implican actos de violencia y que, a su criterio, podrían ser beneficiados con una medida cautelar de arresto domiciliario o de notificación periódica ante los tribunales.
Opinó que las medidas de detención aplicadas a petición de los fiscales pudieron estar justificadas en su momento, pero la situación ha cambiado a raíz de los más de 3 mil 400 casos de Covid-19 en Panamá, que representan un gran riesgo de contagio.
A juicio del abogado, la Corte puede cambiar esta situación y darle medidas cautelares menos severas a estos reclusos, más aún si se considera que la mayoría de las cárceles están hacinadas y son insalubres.
El recurso, que quedó radicado en el despacho de la magistrada Ángela Russo, indica que la contestación debe recaer en el Procurador General de la Nación como jefe de los fiscales y personeros que giraron las órdenes de arresto contra los privados de libertad.
Paralelamente, el Comité de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados solicitó a las autoridades judiciales conceder medidas de depósito domiciliario a privados de libertad que no estén acusados de delitos graves para, así, disminuir el peligro de contagio del Covid-19.
La semana pasada, dos internos de la cárcel de Nueva Esperanza en Colón dieron positivos al virus, por lo que fueron puestos en aislamiento y el Sistema Penitenciario realizó trabajos de desinfección en el penal.
Por otro lado, el Órgano Ejecutivo concedió rebajas de pena a 65 privadas de libertad y ha hecho públicas dos listas de internos que podrían calificar para rebajas de pena.
Desde el pasado 13 de marzo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de los términos judiciales y envió a la mayoría de sus funcionarios a sus residencias a raíz de la pandemia.
La Corte solo está recibiendo recursos de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales, mientras que el sistema penal acusatorio realiza las audiencias de los casos judiciales detectados en flagrancia.