El Consejo Judicial dirigió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Ramón Fábrega, en la que le plantea la necesidad de que los funcionarios judiciales hagan una declaraciones patrimonial de bienes en enero de cada año.
La misiva, con fecha del 18 de octubre, y que lleva la firma del presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, en su condición de presidente del Consejo, señala que el Órgano Judicial debe hacer cumplir el artículo 200 de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial y cuyo implementación aún no se concreta.
Ese artículo establece que: “Las personas que laboran en el Órgano Judicial están obligadas a presentar a su ingreso y en la primera semana del mes de enero de cada año de labores, una declaración jurada dé bienes patrimoniales al Órgano Judicial, que para estos fines editará los formularios correspondientes en los cuales se deberán especificar la clase y cantidad de los bienes que se poseen y el tiempo en que fueron adquiridos. Dichos formularios se completarán electrónicamente y se enviarán a la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia, así como a la Dirección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos, o se llenará para que reposen en el expediente personal. La Dirección prestará colaboración y orientación a quienes así lo requieran”.
Esa obligación deriva del artículo 304 de la Constitución que establece quiénes deben entregar esa declaración de bienes a la Contraloría, entre ellos, los magistrados de la Corte.
Si la Corte acoge la petición, la exigencia a los funcionarios incluirá un formulario en el que se especifica la clase y cantidad de los bienes que se poseen y el tiempo en que fueron adquiridos.
El Consejo Judicial es una figura de la Ley 53 de 2015 y está integrado por 10 miembros, incluido el CNA, al presidente de la Corte, el Ministerio Público y representantes de funcionarios y de la sociedad civil, entre otros.
