Líderes políticos reconocen que la Asamblea Nacional (AN) no ha jugado su rol para crear leyes que saquen el crimen organizado del sistema político del país.
Para la exprocuradora, exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez, la Asamblea no escapa de “la crisis sistémica que atraviesa el Estado”. A su juicio, la intromisión del crimen organizado es “el resultado de la mercantilización de la política”.
Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático y excandidato presidencial, señaló que la AN perdió la oportunidad de enviar un fuerte mensaje de certeza del castigo, pues eliminar el récord policivo y las penas accesorias, como lo proponen proyectos de ley, sería “enviar un mensaje de debilidad y de amiguismo frente a quienes delinquen”.
Ricardo Lombana, excandidato presidencial y presidente de Otro Camino, dijo que el financiamiento de las campañas debe ser 100% público. “El dinero sucio se mete muchas veces en efectivo en las campañas. Hay que redoblar esfuerzos desde el punto de vista de que las autoridades que fiscalizan el movimiento de dinero en actividades electorales”, dijo.
El escaso aporte del órgano Legislativo contra el crimen
Mientras los diputados de la Asamblea Nacional (AN) anuncian que el próximo año citarán al ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, para que responda al país ante la creciente ola de violencia propiciada por el crimen organizado y que afecta a las propias filas del Gobierno, los aportes del Legislativo para combatir este flagelo son casi inexistentes.
Los diputados, principalmente los del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), se han concentrado en impulsar iniciativas y amagos de leyes que van en contravía a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, como, por ejemplo, la eliminación del récord policivo y las penas accesorias, lo que, a juicio de expertos, abriría aún más las puertas a ciudadanos condenados por delitos para ejercer funciones en el servicio público.
Los proyectos de Pineda
Uno de los diputados que más anteproyectos ha presentado en esa línea es el perredista Raúl Pineda, quien representa a San Miguelito. De su autoría son, precisamente, las propuestas para eliminar las penas accesorias para personas condenadas por delitos comunes y la prohibición de solicitar récord policivo en los trabajos.
A ello se suma el hecho de que en varios operativos antidrogas de las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional se ha vinculado a funcionarios de la propia Asamblea.
En julio pasado, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, se vio obligado a ordenar la separación del cargo de Jael Cárdenas, quien fue detenido durante la operación antidrogas, denominada Master, en la que las autoridades incautaron 7 vehículos, dinero en efectivo ($405 mil); porciones de marihuana y sellos de contenedores. Según la información suministrada, en ese momento el grupo introducía drogas en contenedores en los puertos de Colón.
Extinción de dominio
En la Asamblea Nacional también se ha dejado de lado el proyecto de ley 625, con el que el país adopta la legislación de extinción de dominio de los bienes ilícitos. Esta iniciativa fue presentada en abril pasado, precisamente, por el Ministerio de Seguridad Pública; y pese a la insistencia del titular de la cartera, no se ha discutido.
La bancada oficialista, con el apoyo de los diputados de Cambio Democrático, también echaron a un lado la oportunidad de bajar los topes del financiamiento privado para los comicios de 2024, a fin de cerrar la válvula del dinero sucio o provenientes del crimen organizado en la campaña política.
Opinión calificada
Todos estos elementos ponen en duda el compromiso real del Órgano Legislativo, no sólo de combatir el crimen, sino la impunidad. Para la exprocuradora, exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez, la Asamblea no escapa a la crisis sistémica que, de manera profunda, atraviesa toda la arquitectura de poder del Estado. Pero dejó claro que las soluciones no pueden venir de quien “resulta parte del problema”.
Planteó que la intromisión del crimen organizado (porque no es solo en tema de drogas) es “el resultado de la mercantilización de la política”.
“El crimen organizado recibió, principalmente de 2008 a 2014, el mensaje alto y claro de que los partidos políticos estaban carentes de propósitos sociales solidarios, casi agencias de empleo; y que al invertir en las campañas políticas y en los partidos, se logra un acceso al poder que garantiza la posibilidad de la desvertebración de la eficacia de la justicia, por vía de la impunidad”, argumentó.
Considera que es importante la eliminación total del financiamiento privado en las campañas políticas. Además de la adopción de la jurisdicción completa de extinción de dominio.
Roux: ‘luchar para reducir los topes’
A su turno, Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático y excandidato presidencial, dijo que eliminar el récord policivo y las penas accesorias equivale a enviar un mensaje de debilidad y de amiguismo frente a quienes delinquen. También apela por reducir los topes de las donaciones privadas.
“Lamentablemente, ni el Ejecutivo ni quienes controlan la Asamblea Nacional estuvieron de acuerdo. Hay que seguir luchando para reducir los topes de financiamiento privado por los riesgos que esto representa ahora, más que nunca, como ha quedado evidenciado”, añadió.
Roux dijo que, de presentarse algún caso, estaría dispuesto a denunciar el crimen organizado en las filas de su partido. “Es una obligación de cualquier ciudadano decente y que quiere lo mejor para nuestro país. Y no solo denunciarlo, sino a exigir un proceso disciplinario de expulsión del partido. En Cambio Democrático vamos a hacer lo correcto y a hacer las cosas bien. Debe haber cero tolerancia al crimen organizado en los partidos políticos y en todas las instituciones u organizaciones del país”, agregó.
El llamado de Lombana
Por su lado, Ricardo Lombana, quien en 2019 también intentó llegar a la Presidencia de la República, y actual líder del partido en formación Movimiento Otro Camino, dijo que toda medida, proyecto o iniciativa que reduzca los controles, como eliminar el récord policivo o las penas accesorias es una ventana abierta para que la impunidad siga reinando, específicamente en el tema de la narcopolítica o narcotráfico.
Con respecto al financiamiento privado en la política, recordó que las propuestas presentadas por Otro Camino en la Comisión Nacional de Reformas Electorales fueron a favor de eliminarlo. “Creemos en el financiamiento 100% público en la política, no solo como el mecanismo para combate o bloqueo a la limitación de dinero sucio o narco dinero, sino que los principales escándalos de corrupción de los últimos 30 años han estado vinculados a donantes de campaña que luego reciben contratos”, sustentó.
Lombana también dijo que estaría dispuesto a denunciar el crimen organizado en su organización, en caso de haberlo. Hizo un llamado a la Fiscalía Electoral y al Tribunal Electoral, porque, tanto en elecciones primarias con en las generales , “el dinero en efectivo corre como río caudaloso sin control, de manera impune y sin ningún tipo de fiscalización”.
“El dinero sucio se mete muchas veces en efectivo en las campañas. Hay que redoblar esfuerzos desde el punto de vista de que las autoridades que fiscalizan el movimiento de dinero en actividades electorales. El narcotráfico siempre será una amenaza para la democracia, pero cuando es promovido desde el Estado, ya no solo es una amenaza, sino que es una realidad”, propuso.
