Organizaciones de mujeres y especialistas médicos advirtieron que el Estado falla en su papel de ser el principal protector de la niñez.
Al referirse a las recientes revelaciones de que una niña de ocho años está en un hospital público con unos siete meses de embarazado, tras ser víctima de violación reiterada por parte de un pariente, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias dijo que el Estado no puede dejarse influir por motivaciones religiosas o de otro tipo y no ofrecer educación sexual para que los niños tengan herramientas para prevenir la violencia en su contra.
En tanto, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología hizo un llamado a dejar el estigma y dar atención temprana, justa y expedita a estos casos de abuso.
Violación a niñas, la cara oculta de un país
El caso de una niña de 8 años de edad, abusada y embarazada por alguien de su círculo familiar, puso nuevamente sobre la agenda nacional al menos tres debates: la gran cantidad de casos de niñas violadas anualmente en el país, la necesidad de reforzar la educación sexual integral y qué hacer con la víctima que, según las autoridades, ya está terminando la gestación.
Datos del Ministerio Público revelan que en el año 2021, de los 7 mil 116 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, un total de 259 son de violación doblemente agravada, como el caso de la niña guna, reportado este miércoles por TVN.
Un año antes se habían reportado 205 casos y en 2019 un total de 319, lo que evidencia que solo por este tipo de delitos en tres años ha habido 775 casos documentados.
Una violación doblemente agravada, según el Código Penal, se da, entre otras razones, cuando el victimario, aún si no emplea violencia o intimidación, tiene intimidad con una persona menor de 14 años de edad.
Desde el 22 de diciembre de 2021, según informó el Ministerio Público, se tuvo conocimiento del caso y seis días después (29 de diciembre) fue detenido un hombre, acusado de violación agravada, delito que tiene penas de 10 a 15 años de prisión.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que en el último año ha estado en el centro de las críticas debido a las denuncias de abusos sexuales a menores en albergues que debía supervisar, informó que desde el 27 de diciembre se ha asistido a la víctima, retirándola “del núcleo familiar donde se encontraba el agresor”. En ese momento, según Senniaf, tenía unas 21 semanas de embarazo (un embarazo demora entre 37 y 42 semanas).
Fuentes de la investigación dijeron que, cuando ocurrieron los hechos, la niña estaba al cuidado de una tía. Ahora está en la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, bajo supervisión de un albergue de la Senniaf. Es decir, que es el Estado el que tiene que decidir si permite el parto y, si ello es así, una niña de 8 años tendría que decidir sobre el futuro del bebé.
La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) pidió ayer, mediante un pronunciamiento público, la aplicación estricta de la leyes en este y otros casos.
Y es que, según la Contraloría General de la República, en 2020 se dieron en el país 11 mil 710 nacimientos vivos de madres entre 10 y 19 años de edad, lo que corresponde al 15.9% de los nacimientos de todo el país.
Pero ni siquiera este número revela la magnitud del fenómeno, ya que también se dan violaciones o abusos que no se reportan, simplemente porque la adolescente no quedó embarazada.
El Código Penal, en su artículo 144, establece que el aborto en Panamá no se sanciona si es producto de una violación y la mujer acepta someterse al procedimiento, que debe practicarse dentro de las primeras ocho semanas de gestación.
Según un comunicado de la SPOG, el desconocimiento de la población, autoridades judiciales, profesionales de la salud y otros sectores sobre las opciones que existen para la prevención de embarazos y los aspectos legales que darían acceso al aborto seguro, “siendo importantes los casos en los cuales estos embarazos son el resultado de actos de violencia sexual, supone un obstáculo en la atención temprana de niñas, adolescentes y mujeres panameñas, que se debe solucionar”.
Todo esto, según la exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, pone de manifiesto no solo que el Estado ofrezca una verdadera educación sexual integral que le dé las herramientas a niños y familiares para defenderse de abusos, sino que deben verse condenas ejemplares.
En ese sentido se han dado una serie de pronunciamientos a nivel de organizaciones de mujeres y de dirigentes políticos.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez, por ejemplo, señaló que urge educar a los niños para que conozcan sus cuerpos y su sexualidad, y cómo evitar, reconocer y denunciar abusos y prevenir enfermedades.
Coincidió con Calderón en que es vital que el Estado juegue su rol de proteger a la niñez y sancionar a estos abusadores. Además, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que procesen y condenen a quienes comentan estos delitos.
Datos del Órgano Judicial de 2021 revelan que ese año se hicieron 9 mil 16 audiencias en casos de femicidio, tentativa de femicidio, violencia doméstica, delitos sexuales, violencia de género y trata de personas. De esos, mil 998 fueron por delitos sexuales, pero no se precisa de qué tipo.
Por su parte, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (Cimuf) emitió un comunicado en el que resalta estas estadísticas y asegura que el Estado se “deja manipular por sectores religiosos que obstaculizan la educación y la prevención”.
Agrega que existe “violencia estructural” contra las niñas y mujeres cuando el Estado calla ante casos de este tipo.
En esa misma línea, las intervenciones en el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional en los últimos dos días se han centrado en este tema. Diputados pidieron fuertes condenas contra violadores e hicieron un llamado a las autoridades judiciales para perseguir estos delitos de forma diligente.
En tanto, dirigentes de partidos políticos también se pronunciaron. El presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, habló de castración y pena de muerte.
Por su lado, el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, escribió en Twitter que, más allá del castigo al violador, la indignación no debe ser momentánea y se debe generar el debate sobre las penas, la educación sexual y qué hacer con niños en estas situaciones.
