Luego de 10 años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga finalizó las pesquisas por supuestas anomalías en el proceso de la millonaria indemnización de buses “diablos rojos”, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El Ministerio Público está pidiendo que se llame a juicio por la presunta comisión de delitos contra la administración pública a 610 personas, entre exfuncionarios, transportistas y empresarios.
La denuncia interpuesta en 2010 por el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, dio paso al inicio de las pesquisas, al detectar que se pagaban indemnizaciones a buses que no correspondían a la ruta en la que estaban operando o que no prestaban el servicio.
A esta acción de Papadimitriu, otras siete denuncias fueron presentadas por algunos transportistas.
El pago de las indemnizaciones a los “diablos rojos” comenzó en 2010 y terminó en 2014, como una compensación económica del Estado tras aprobar un contrato con la empresa Mi Bus, para el servicio de transporte público de pasajeros.
Más de 24 millones en lesión patrimonial
No fue hasta octubre de 2018 que la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de cargos contra 592 personas. Hasta ese momento, según la fiscal Kyra Tascón, la Contraloría General de la República había calculado una posible lesión patrimonial superior a los 24 millones de dólares.
Pero luego el número de investigados subió a 610.
Entre ellos figuran los exdirectores de la ATTT Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno, y el exdiputado Franz Wever.
Tras casi un año de tomar los descargos a los vinculados, la fiscalía remitió en febrero pasado la vista fiscal al Órgano Judicial. Sin embargo, debido a una corrección de folio en el expediente y a la suspensión de los términos judiciales por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el caso quedó paralizado, hasta que hace dos semanas fue asignado al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales (que antes era el Juzgado Décimo). Este tribunal, a cargo de Zaida Cárdenas, tendrá que evaluar la responsabilidad de cada uno de los imputados.
Los argumentos del Ministerio Público
La hipótesis de la fiscalía se basa en que “los concesionarios, bajo alegaciones falsas o desvirtuadas, procuraron ser beneficiados con el pago de indemnizaciones dentro del proceso de compensación, puesto que -bajo ningún sustento razonable- se ubican en tiempo y en espacio operando dentro de las rutas que alegaron que prestaron el servicio”.
Además, indica que “la intención nunca fue brindar un servicio en ruta por corredor, sino más bien el que se actualizara el certificado de operación para ser sujeto al pago de la indemnización del sistema, con un posible contubernio entre las prestatarias y los funcionarios gestores del proceso de compensación”.
Destaca la fiscalía que los vehículos “diablos rojos” fueron introducidos al país sin aire acondicionado, pero una cantidad considerable de estos fue indemnizado por la suma de $75 mil, porque supuestamente eran “de lujo”. Incluso, a pesar de que las agencias distribuidoras certificaron que a esos vehículos no se les instaló sistema de aire.
Según información recabada por la fiscalía, se entregó la indemnización a cambio de 2 mil 649 certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso al Estado de $94.8 millones.
Del total de certificados compensados, la fiscalía investigó 573 por presuntas irregularidades.
Los montos de indemnización correspondían a $25 mil para buses de ruta troncal; $35 mil para los de corredor; $50 mil por cada bus tipo coaster, y $75 mil para los buses de lujo con aire acondicionado.
Tres exjefes de la ATTT y Franz Wever, entre los imputados
Entre los imputados en el expediente sobre las compensaciones a los “diablos rojos” durante la administración presidencial de Ricardo Martinelli, figuran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno.
En esa lista también figura el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz, y el exdirector de Registro Único Vehicular de la ATTT, Nicolás Brea. Igualmente, Juan Pablo Mora, exsecretario de Metas.
La trama, además, alcanza a Franz Wever, exdiputado y exsecretario general de la Asamblea Nacional (2014-2019), y actual asesor del Legislativo. Se le investiga por su condición de dirigente transportista.
Entre los dirigentes de transporte investigados están: Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez.
