Pese a que el Tribunal Administrativo de la Función Pública no ha empezado funciones, los servidores públicos podrían recibir sus pagos por prima de antigüedad, si se aprueba en la Asamblea Nacional una propuesta que busca modificar la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, inherente a la carrera administrativa y que crea dicho ente.
El Tribunal Administrativo de la Función Pública no está funcionando debido a que el Ejecutivo está en mora con la designación de dos de los tres magistrados que deben conformar la entidad.
Al no estar en función, los servidores públicos no pueden solicitar el pago de su prima, derecho reconocido a los funcionarios permanentes, transitorios, contingentes o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales, consagrado en el artículo 5 de la Ley 9 del 20 de junio de 1994.
En ese sentido, el diputado perredista Leandro Ávila cuestionó la falta de interés de poner en marcha el tribunal y, a la vez, presentó una iniciativa que plantea la modificación del artículo 137 de la Ley 23, a fin de que el pago de la prima de antigüedad no esté ligado a la puesta en funcionamiento del tribunal.
Ávila explicó que hay muchos funcionarios que quieren salir del gobierno, pero no han podido porque temen que no se les reconozcan sus derechos.
El gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) dio vida al tribunal –que debía empezar funciones en 2018–, pero no hizo los nombramientos correspondientes, lo cual quedó en manos de la gestión del presidente Laurentino Nito Cortizo, quien tampoco ha dado señales de que hará las designaciones.
De los tres magistrados, uno debía ser designado por la Asamblea y esta nombró a Nelly González, a quien, sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, le pidió regresar a sus funciones en el legislativo. Lo hizo en la sustentación del presupuesto para el tribunal en 2021, por $2 millones.
¿La razón?. Robinson informó que pediría al Ejecutivo eliminar el presupuesto del tribunal, ya que no está en funciones. Mientras, González sigue devengando salario como parte de la secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea.
El Ejecutivo debe designar a los otros dos magistrados, uno escogido por concurso y el otro de una terna presentada por los sindicatos.