Varias organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, solicitan al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar el proyecto de ley 178, que prohíbe el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares, con o sin nicotina.
Advierten, entre otras cosas, que la propuesta que fue aprobada en la Asamblea Nacional en marzo pasado, no tuvo un amplio debate en el Legislativo. Algunos alegan que transgrede normas y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por ejemplo, la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá manifestó que el proyecto va contra lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Constitución, ya que toda persona tiene derecho a la salud y para garantizarla los Estados deben adecuar su sistema. “El proyecto vulnera este derecho, ya que hay que investigar sobre los pros y los contras del uso de cigarrillos electrónicos como método de reducción de daños para los fumadores que están expuestos a enfermedades que pueden debilitar su salud”, planteó la organización en una misiva enviada a Cortizo.
El grupo manifiesta, además, que la propuesta también viola el derecho internacional, ya que los tratados y convenciones internacionales obligan a Panamá a aplicarlos por mandato constitucional establecido en el artículo 4.
Asimismo. piden al mandatario buscar alternativas de riesgo reducido, para que las personas puedan tomar como opción métodos que puedan ayudarle a la cesación tabáquica, ya que se sabe que los métodos actuales farmacológicos no son de gran alcance o ayuda.
Por su parte, la Asociación Nacional de Cáñamo de Panamá también pidió el veto de esta iniciativa legislativa. Considera que el documento no fue ampliamente debatido.
El proyecto de ley impulsado por Crispiano Adames, diputado del Partido Revolucionario Democrático, deja claro que ya no se podrá usar, comprar, ni promocionar por internet estos dispositivos electrónicos.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura ha dicho que con el proyecto se desconocen las obligaciones internacionales que ha adquirido el país, a través de la suscripción de acuerdos de asociación o de promoción comercial con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Señala que este tipo de medidas impulsarían el comercio ilícito o mercado negro.