El Consejo Municipal de Panamá tiene en sus manos una de las decisiones más importantes de los últimos años: aprobar el Plan Local de Ordenamiento Territorial (POT) del distrito de Panamá.
No obstante, al debate se le agrega un nuevo ingrediente luego de que organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Ciudadana Urbana de Panamá, denunciaran que la actual administración del Municipio de Panamá hizo modificaciones al documento final, que fue elaborado en junio de 2019.
Ahora los activistas y dirigentes comunitarios están exigiendo a la comisión de vivienda del Consejo Municipal de Panamá, donde se tratará el tema hoy, que se convoque a una consulta pública para evaluar las modificaciones que se incluyeron al documento inicial.
¿Pero qué tan graves son estos cambios? Para comenzar un POT es la herramienta que los municipios desarrollan para ordenar su territorio. En este caso se trata del distrito de Panamá, el más poblado del país, y definirá el futuro de esta zona en materia de planificación por los próximos 10 años.
Carlos Solís, vocero del grupo Somos San Francisco, el cual forma parte de la Red Ciudadana, subraya que aprobar el documento con los cambios que incluyó la actual administración del Municipio de Panamá es “nefasto para las comunidades” porque les quita la potestad de decidir sobre los territorios donde están ubicadas. “Nadie quiere cogobernar, pero los comunidades deben ser partícipes de las decisiones que les afectan”, puntualizó el activista.
Solís, quien participó y siguió de cerca entre 2018 y 2019 la elaboración del POT, indica que tras comparar el documento original con el presentado por el alcalde, José Luis Fábrega, esta semana en Consejo Municipal se observa un “impacto negativo”, para las comunidades de la ciudad de Panamá.
Por ejemplo, manifiesta que el plan con los cambios elimina la clasificación de suelo bajo riesgos naturales en la zonificación y la calificación de “zonas condicionadas por riesgo de inundación” en suelos urbanos.
También detalla que elimina la potestad del municipio de decirle al gobierno central si un proyecto público cumple o no con el plan. Además expresa que le quita el derecho a la comunidad de participar y vigilar el cumplimiento de las normas, así como su rol protagónico como actor social dentro del proceso de planificación.
“Esta administración elimina todo compromiso real institucional con gestionar su territorio con especialistas de acuerdo al bien común y se lo delega al sector privado admitiendo su incapacidad”, puntualiza.
En palabras del dirigente de San Francisco esta administración ha cortado todos lo puentes de comunicación con la sociedad civil. “Si se aprueba tal cual el plan de ordenamiento como está, el Municipio le estaría dando la espalda a las comunidades”, concluyó Solís.
Origen del plan
La exvicealcaldesa, Raisa Banfield, explicó que había que construir un modelo de ciudad y que ese proceso se trabajó con las comunidades hasta concluir con la elaboración de un plan de ordenamiento territorial para el distrito de Panamá.
Cuenta la también arquitecta y ecologista que no se podía seguir trabajando con el modelo de zonificación actual. “Nosotros entregamos un documento final que parece que la administración actual mantuvo en sus oficinas por dos años”, acotó.
En ese contexto, manifestó que la elaboración del plan les tomó 18 meses y tuvo un costo de $3 millones. Además, llevaron a cabo 23 talleres comunitarios.
El representante de Bella Vista y miembro de la comisión de Vivienda del Consejo Municipal, Ricardo Domínguez, espera que las autoridades del Municipio expliquen hoy con claridad si hubo cambios al documento original y de ser así precisen cuáles fueron.
“Estamos hablando del instrumento sobre ordenamiento de la ciudad y esto determinará el futuro de la ciudad, por lo que si no se hace bien podría terminar en un caos para los próximos años. Esto tiene que ser de la forma más transparente”, concluyó.
Por su parte, el representante de San Francisco y también parte de la comisión, Carlos Pérez Herrera, subrayó que este plan de ordenamiento territorial es importante que se debe analizar sin apuro y sin politizarlo para beneficios de todos.
“La sociedad civil va a participar, pero lo que no se quiere es un show como están haciendo algunos. En la comisión es donde se dará la consulta y allí las personas pueden hacer sus sugerencias. Lo que queremos es que la ciudad crezca de una manera más ordenada”, aportó el edil, quien agregó que la sociedad civil está representada en la junta de planificación urbana, donde se toman decisiones en materia de ordenamiento y planificación.
Zona de riesgo
Uno de los ediles que les preocupa que se elimine la “zonas condicionadas por riesgo de inundación” es el de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, donde con frecuencia ocurren inundaciones.
Según Bermúdez todos los cambios deben ser consultados con la ciudadanía, ya que el plan de ordenamiento territorial del distrito es la hoja de ruta de la ciudad para los próximos años.
“Un plan que estuvo dormido por dos años y lo sacan de la gaveta con cambios que deben ser consultados con la ciudad sí es algo que nos preocupa, ya que estamos hablando del modelo de ciudad de los próximo 10 años”, puntualizó.
La comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá está integrado por los ediles de Betania, Abdiel Sandoya, de Bella Vista, Ricardo Domínguez, de Juan Díaz, Imelda Sucre, de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, y de Ernesto Córdoba, Rubén Medina.
Sobre esta polémica, el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Antonio Docabo, indicó que a nivel de clasificación de zonas no se dieron cambios sobre el producto original que se había preparado en el POT. “Más bien los ajustes fueron en temas de nomenclatura ya que se trabajó con el Ministerio de Vivienda, para que el producto final tenga los lineamientos que están proponiendo para el resto del país”, agregó.
Sin embargo, Docabo sí considera importante retomar el tema de densidad y altura. “El POT de San Francisco eliminó la densidad y lo reemplazó por altura, lo que causó un cambio en los nuevos proyectos del corregimiento, aumentando la cantidad de apartamentos que pueden desarrollarse en un lote”, argumentó.
