La instalación de una comisión de crisis del poder judicial, integrada por magistrados, fiscales, defensores de oficio y organizaciones defensoras de los derechos humanos para revisar las condiciones de los privados de libertad que están en riesgo por la Covid-19 fue planteada ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de habeas corpus impulsado por la abogada Mauricel Fátima Agrazal.
El recurso, presentado la semana pasada y que está manos del magistrado Luis Ramón Fábrega, solicita al pleno de la Corte que se verifique y se declare la ilegalidad de la situación de reclusión de los privados de libertad que se encuentran en la cárcel pública de Santiago de Veraguas.
El habeas corpus pide que se pongan a disposición de los jueces, magistrados de garantía y cumplimiento el listado de aquellos reos en condiciones vulnerables y con condenas cortas, a fin que se les pueda sustituir la pena de prisión por otra medida cautelar.
También sugiere que se le pida a la Dirección de Sistema Penitenciario un informe de las condiciones de reclusión de los internos.
Sustenta que la pandemia de Covid-19 ha colocado en alto riesgo a los privados de libertad de la cárcel pública de Santiago, ya que su capacidad original era para 159 internos y hoy tiene una población que supera las 500 personas.
Agrega que las autoridades de salud han reconocido el fallecimiento de un interno y el contagio de otros 333 con virus.
Según la abogada, en ese penal se han desatendido las recomendaciones de organismos internacionales violando disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
“Se han omitido arbitraria e irresponsablemente todas las recomendaciones, llevando, inclusive, a que un privado de libertad que haya perdido la vida a causa de este virus sin que a la fecha estos funcionarios se apeguen a estos estándares exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de la Organización Mundial de la Salud”, señala el documento.
Sobre este habeas corpus la Dirección de Sistema Penitenciario informó que ya fue notificada y que remitió su respuesta al magistrado Fábrega, aunque no se dieron detalles de su contenido.
Desde el pasado 5 de mayo está a cargo del Sistema Penitenciario el comisionado jubilado de la Policía Nacional José Ríos.