La Policía Nacional (PN) reforzó a partir de ayer la vigilancia en El Terrón, comunidad de la comarca Ngäbe Buglé, que está en la escena pública luego de que siete de sus pobladores fueran asesinados en un extraño rito.
Se espera que en las próximas horas lleguen más efectivos. Fue una petición de los pobladores, quienes viven aterrorizados después de la masacre del pasado fin de semana. Temen que los seguidores de la secta que acabó con sus vecinos lleguen al pueblo a vengarse por haber delatado a sus líderes.
Por precaución, Pacífico Blanco, de 33 años, duerme con un machete al lado. Explica que los seguidores del culto que segó la vida de siete personas son de otras comunidades cercanas y podrían tomar represalias por haber avisado a las autoridades. Él y sus vecinos narran que el líder de la secta, identificado como Mario Plátano González, no tenía adeptos en esta comunidad .
González, quien junto a ocho personas más fue imputado por homicidio, feminicidio y privación de libertad en una audiencia celebrada ayer, en Bocas del Toro, es una persona difícil, y conflictiva, según los vecinos.
Era una especie de disidente en el pueblo, al que calificaban de “agrandado”. Presuntamente tenía una vieja rencilla con Josué González, esposo de la mujer asesinada y padre de 5 de los 6 menores hallados en la fosa.
La historia de El Terrón no se limita al cuento de una secta bizarra. Hay una mezcla de viejas disputas, resentimientos y hasta conflictos legales internos.
Formalizan detención de miembros de secta
Mientras ayer la Policía Nacional reforzaba la vigilancia en la comunidad de El Terrón, en Santa Catalina, comarca Ngäbe Buglé, luego de que siete de sus pobladores fueran asesinados en un extraño rito, a más de 100 kilómetros, en Changuinola, Bocas del Toro, la justicia adelantaba el proceso contra los presuntos responsables de esta masacre.
A las 9:34 de la mañana de ayer aterrizó un helicóptero de la Policía Nacional en El Terrón, donde los vecinos temen por su seguridad.
Tres miembros de la policía descendieron de la aeronave, bajaron provisiones, y anunciaron que estarán custodiando el pueblo por tiempo indefinido.
De hecho, desde una base policial de Santiago de Veraguas salieron ayer helicópteros con agentes especiales de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval.
El Fiscal Superior de Bocas del Toro, Rafael Baloyes informa sobre el resultado de la audiencia, donde se le aplicó detención provisional a nueve personas. pic.twitter.com/omrCq1Iz36
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) January 18, 2020
Pacífico Blanco, de 33 años de edad, cuenta que si hay algo que les puede dar el Gobierno en este momento es seguridad. En los últimos días han introducido una nueva costumbre a su rutina: poner un machete al lado del sitio donde duermen. El miedo los carcome.
La explicación es sencilla: los seguidores del culto que segó la vida de siete personas, son de otras comunidades cercanas al área, y ellos creen que pueden pasarle factura por haber avisado a las autoridades.
Los presuntos autores del hecho fueron llevados ayer a la sede de la Policía Nacional de Changuinola, Bocas del Toro, donde en la tarde se les trasladó a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, para una audiencia de imputación de cargos.
Se trata de ocho hombres y una mujer, a quienes se les legalizó su aprehensión, al ser sospechosos de las muertes de cinco niños (en edades de 1 a 11 años de edad), una adolescente de 17 años de edad y una mujer de 32 años de edad que tenía entre cuatro y seis meses de embarazo.
Al término de la audiencia, el fiscal superior de Bocas del Toro, Rafael Baloyes, informó a los periodistas que a estas personas se le imputaron cargos de homicidio agravado, feminicidio y privación de libertad. A todos se le impuso la medida cautelar de detención preventiva.
El fiscal también dijo que pretende que se agregue el delito de agresión sexual contra una niña de 9 años. Casi todos los imputados eran parientes de Mario González Blanco, padre y abuelo de las víctimas.
En la audiencia, se escucharon testimonios desgarradores de los familiares. Describieron al líder de la secta como una persona que pretendía “sacarles el demonio” por mandato de Dios.
De hecho, en su propia comunidad describen a González como una persona difícil, y conflictiva. Tenía una añeja rencilla con Josué González, esposo de la mujer asesinada y padre de los cinco niños.
Se otorgaron seis meses para realizar las investigaciones.
