El asesinato en un tiroteo en Torrijos Carter, San Miguelito, del actor adolescente Fernando Xavier de Casta, protagonista de la película Plaza Catedral pone de relieve, una vez más, cómo la violencia en Panamá se ensaña con los jóvenes.
Datos del Ministerio Público (MP) confirman que la mayoría de las víctimas de los más de 2 mil homicidios que se han cometido en el país en los últimos cinco años son jóvenes y residentes en sectores como Panamá, Colón, y Panamá Oeste.
Buena parte ellos han sido ejecutados con armas de fuego. Las estadísticas detallan que de 2016 a lo que va de este año, 2 mil 470 ciudadanos han sido asesinados, en su mayoría hombres. Las víctimas, primordialmente, tenían edades entre los 18 y 39 años. De hecho, de esos 2 mil 470 homicidios cometidos en los últimos cinco años, mil 523 víctimas estaban en ese rango de edades.
Desgarradores casos
Por ejemplo, en 2016 hubo 416 homicidios a nivel nacional, de ese total 235 se dieron en Panamá, 54 en la provincia de Colón y 38 en la provincia de Panamá Oeste.
Sin embargo, las cifras de homicidios han ido en aumento. En 2020 fueron asesinadas 500 personas, siendo Panamá la provincia con más casos, con 246, incluyendo el distrito de San Miguelito, donde en ese año hubo 70 homicidios. En Colón hubo 99 homicidios y en Panamá Oeste 93 casos.
En 2020, el país se encontraba sumido en la pandemia por la Covid-19, con restricciones de movilidad aplicadas desde marzo. Pero en julio de ese año, Panamá se estremeció con la noticia de que siete jóvenes habían sido asesinados en un búnker cerca del Lago Gatún, en Espinar, Colón. Precisamente, el mes pasado se llevó a cabo la audiencia de fase intermedia en el sistema penal acusatorio sobre ese caso. Hay al menos tres imputados.
En 2020, la ciudadanía también se sorprendió con el homicidio del joven de 21 años, Enrique Ryce, residente en Lluvia de Oro, Arraiján, Panamá Oeste. Su cuerpo fue hallado en tres bolsas de basura en la carretera que conduce a Punta Chame.
Mientras que de los 223 homicidios que van en este año, se recuerda el homicidio del joven Kevin Campos, de 16 años, quien se mantenía desaparecido desde el 8 de abril y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en un lote baldío en el sector de Ciudad Esperanza, en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. Kevin había salido de su casa en Altos del Tecal. Posteriormente, autoridades recibieron información de que el cuerpo lo habían dejado tirado en este lugar.
¿Y la política pública?
Las autoridades de Seguridad han dicho que algunos de los casos están vinculados a ajustes de cuentas. En abril pasado, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, se refirió a Colón como una de las tres provincias con más homicidios en el país. Dijo que el 80% de las víctimas que mueren a causa de homicidios en Colón tenían prontuarios delictivos.
“Todos son producto de peleas de bandas y de drogas, donde los delincuentes se matan unos con otros. Esto lógicamente no es bueno para Colón”, expresó Pino durante una visita al corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, para tratar el tema de seguridad pesquera, con autoridades locales y pescadores.
Hay quienes consideran que el país requiere de una política clara de seguridad. Es el caso del exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, quien plantea que el incremento de homicidios en el país se explica en la ausencia de una política clara para enfrentar la criminalidad.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, también coincide con este punto de vista. A su juicio, el país lo que necesita es un plan integral de seguridad ciudadana, que no solo tome en cuenta la parte represiva, sino todo el tema de la prevención e incorporar en el plan a los ciudadanos. En lo que va de la gestión del actual presidente Laurentino Cortizo se desconoce una una política clara de seguridad.
En enero de 2020, cuando las cifras de homicidios se dispararon en el país, el mandatario en su informe a la nación reconoció que la seguridad requiere de una política de Estado, que vaya más allá de un gobierno. Habló sobre prevención, represión, resocialización, aumento del pie de fuerza de los agentes policiales y entrega de equipos.
En el país hay al menos 19 instituciones con oferta de programas y proyectos, orientados a la población joven, entre los 15 y 29 años. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cuenta con la Secretaría de la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Además, tiene un programa denominado Oficina Desarrollo Social, Acciones por una Esperanza donde se ayuda a personas que pertenecieron a pandillas y bandas, así como el programa de desarrollo de política pública de juventud.
En marzo pasado, la Coordinadora Nacional de Juventud, adscrita al Mides, anunció que prepara una encuesta nacional que permitirá recabar información para un análisis de prioridades y documentar a partir de evidencia científica los principales proyectos y programas que requieren ser analizados y puestos en ejecución.
Paralelamente a la encuesta, el Mides busca captar a todas las organizaciones juveniles que operan en el país para recoger los principales proyectos que deben ser atendidos en función de las necesidades de los jóvenes de todo el país.