Ajeno a las penurias que lo rodean, Gerald David Bejarano, de cinco años de edad, ríe y conversa con los que se acercan al improvisado cuarto de madera donde comparte un colchón con sus padres.
Jorge, como lo apodan, forma parte de unos 500 niños de al menos 583 familias que el pasado mes de marzo fueron desalojadas de unos terrenos privados ubicados en el corregimiento de Pedregal que ocupaban desde hacía dos años.
Sin techo y sin posibilidad económica para comprar o alquilar una vivienda, estas familias levantaron tres “albergues” a orillas del río Tapia, en el corregimiento de Las Mañanitas.
Lo que estas personas llaman “albergues” no son más que unas galeras construidas con retazos de los materiales que lograron recuperar después del desalojo, las cuales no reúnen las condiciones mínimas para vivir.
CONSECUENCIAS
La situación actual en ese lugar comenzó ya a pasar factura entre los más pequeños, que constantemente son asediados por resfriados, malestares estomacales y erupciones en la piel.
En el lugar la humedad reina porque las improvisadas construcciones no los protegen de las lluvias, que en las últimas semanas caen con mayor intensidad.
La mamá de Jorge, Delmira Bejarano, explicó que pese a cubrirlo de las lluvias su pequeño se moja, pues “más llueve adentro que afuera”.
HACINAMIENTO
El hacinamiento entre los precaristas también afecta a las mujeres embarazadas.
Este es el caso de Luisa Serrano, una joven de 18 años oriunda de la provincia de Bocas del Toro, que se encuentra en periodo de gestación y quien aseguró que se desmaya constantemente debido al calor.
El vocero de los desalojados, Roberto Sanjur, explicó que las familias que permanecen allí necesitan “realmente” una vivienda.
Agregó que entregarles una casa es un derecho universal que el Estado les está negando.
Subrayó que pese a estar sentados en una mesa de diálogo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), de “repente” y a la “fuerza” los desalojaron de Pedregal.
Hizo hincapié en que se trató de un “desalojo inhumano”, porque nunca los notificaron y perdieron todas sus pertenencias.
Sanjur reiteró que esperan una respuesta humanitaria de las autoridades.
DESALOJO LEGAL
Entre tanto, el coordinador de los corregidores de la Alcaldía de Panamá, Joaquín Solís, señaló que el desalojo “cumplió” con el debido proceso.
Agregó que algunas familias cuando se les fue a notificar se negaron a firmar y fueron groseros con los funcionarios. A la vez detalló que tenían meses y no años de estar en el lugar.
Por su lado, el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, en su momento indicó que esta entidad no avala ningún tipo de invasión de terrenos, pero garantizará que en estos casos se cumpla con el debido proceso.
Castillero Hoyos efectuó una visita a los “albergues” donde conoció las necesidades que presentaban estas familias, como agua potable, fármacos y alimentos.
En tanto, el director de Asentamientos Informales del Miviot, Magín Moreno, explicó que en el caso de las invasiones privadas solo entran como mediadores para buscar alternativas de compra directa entre el propietario de la finca y los invasores o entre el propietario y el Estado.
Sin embargo, expresó que para esto se necesitan avalúos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Añadió que como parte de este proceso se legalizaron hasta la semana pasada 82 asentamientos informales, de los cuales 45 corresponden a comunidades donde las familias le pagan al Banco Hipotecario Nacional.