Las reformas electorales son un proceso de negociación política en la que cada actor (partidos, candidatos por la libre postulación, medios de comunicación y sociedad civil) intenta legítimamente maximizar sus posibilidades de éxito electoral.
Después de siete olas de reformas desde la transición a la democracia, en el Tribunal Electoral (TE) saben bien que los cambios no los hacen los técnicos con sus criterios especializados, sino los políticos valorando las propuestas a través del prisma de sus intereses.
La primera decisión política de las reformas es la metodología con la que se discutirán.
Hace ya bastante años, por iniciativa del TE, la sociedad panameña se concedió a sí misma un mecanismo incluyente que legitima las reformas: la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que tiene como premisa discutir las reformas lejos de las elecciones. Por eso, sorprendió la extemporaneidad del proyecto de reconfiguración de los circuitos.
Pero no debe sorprender que los posibles beneficiarios de esos cambios estuvieran a favor, y que los posibles perjudicados estuvieran en contra y que quienes no tenían nada que perder se abstuvieran.
El rechazo era predecible y se pudo haber evitado.