La audiencia preliminar del caso Blue Apple, en el que el Ministerio Público pide llamar a juicio a 58 personas por presunto blanqueo de capitales, fue pospuesta para abril de 2021, pues varios imputados no han sido notificados y el juzgado debe resolver algunos recursos.
La vista fiscal fue enviada al Juzgado en septiembre de 2019 y la audiencia, que debía comenzar hoy, fue fijada en enero pasado.
Jueza aplaza audiencia del caso Blue Apple
Un nuevo aplazamiento tuvo el proceso penal que busca determinar las responsabilidades en el entramado de corrupción que supuso el pago de sobornos a funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) –a través de la sociedad Blue Apple– para la obtención de contratos de infraestructura.
Esto, luego de que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales –a cargo de la jueza Baloisa Marquínez– aplazó la audiencia preliminar del proceso, convocada en enero pasado para hoy, 11 de noviembre, y fijó como fecha alterna del 19 de abril hasta el 28 de mayo de 2021.
Fuentes ligadas al proceso informaron que la audiencia fue pospuesta, porque varios de los imputados no han sido notificados aún y, además, el juzgado tiene pendiente resolver varios incidentes presentados por los abogados de varios de los imputados.
Las fuentes también explicaron que, como parte del proceso de liquidación de los juzgados del sistema mixto inquisitivo, el Juzgado Decimoctavo Penal se convirtió en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales y recibió gran cantidad de expedientes, lo que ha demorado sus actuaciones.
Además, el juzgado debió mudarse del edificio 325 de Ancón hacia el tercer piso del Palacio Gil Ponce, lo que implicó una serie de contratiempos para la realización de la audiencia.
La vista fiscal
La investigación del caso Blue Apple, efectuada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción, dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a por lo menos nueve contratistas del Estado, abogados, banqueros y exministros, y que usó el sistema bancario para blanquear dinero proveniente de sobornos.
En las conclusiones del caso –remitidas al juzgado el 10 de septiembre de 2019–, la fiscalía pidió el llamamiento a juicio de 52 imputados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción, y falsificación de documentos. Asimismo, la solicitó el sobreseimiento provisional de 5 personas.
Entre los imputados están los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (hijos del expresidente Ricardo Martinelli); el exministro de Obras Públicas (MOP) Federico José Suárez; el empresario Riccardo Francolini; el exadministrador de contratos del MOP Jorge Churro Ruiz; el creador de la sociedad Blue Apple, Federico Barrios Alain; empleados bancarios que ayudaron a realizar las transacciones, obviando procedimientos de control y vigilancia, entre otros.
Este proceso fue abierto en septiembre de 2017, luego de que se detectara una sociedad “canasta” creada, presuntamente, con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009 y 2014.
Ya en el año 2012 se habían realizado algunos reportes bancarios sobre actividades irregulares en los depósitos de esta sociedad.
La investigación determinó que hubo una lesión patrimonial al Estado por $78.3 millones.
En el curso de las pesquisas, la fiscalía solicitó asistencias judiciales a Estados Unidos, Hong Kong y Costa Rica, y suscribió cinco acuerdos de colaboración con imputados en el caso. Además, recuperó 35.3 millones de dólares entre dinero y bienes.
Juzgado saturado
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, al ser un tribunal especializado en el delito de blanqueo de capitales, se encuentra copado de causas complejas.
Entre estas se encuentra, como se dijo, la de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que tiene más de 1,150 tomos; así como la investigación de la firma de abogados Mossak Fonseca.
También conoce el proceso que se sigue a 23 personas por blanqueo de capitales por el uso de sociedades panameñas para el pago de coimas a exejecutivos ecuatorianos de la empresa Petroecuador.
Asimismo, tramita el expediente por blanqueo de capitales a través de la sociedad New Businees para la adquisición de un medio de comunicación. En este proceso, se presentó una recusación contra el fiscal Emeldo Márquez, que aún no ha sido resuelta.
Tras la liquidación del Juzgado Undécimo Penal el próximo 30 de noviembre, el Tercero Liquidador también quedará a cargo de los procesos por blanqueo de capitales que involucra a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), relacionado con la construcción del corredor Vía Brasil fase II; y a Odebrecht, con el proyecto de modernización del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
