Existen acontecimientos que, por su naturaleza, trascienden el ámbito nacional y cuya importancia exige posturas verticales de política exterior por parte de todos los Estados.
Dentro de estás temáticas tan sensitivas se encuentran la democracia y el respeto a los derechos humanos. En tal sentido, la postura asumida por la República de Panamá respecto a los recientes acontecimientos en Venezuela y Nicaragua dista mucho de los principios y los valores que debería exponer el país del Dr. Ricardo J. Alfaro, quien encabezó el proceso internacional de adopción y universalización de los derechos humanos.
El reciente anuncio de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a la apertura de una investigación por la situación en Venezuela nos llena de esperanza a quienes anhelamos justicia para los cientos de víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad en ese país. De igual forma, es un reconocimiento a la labor valiente de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Costa Rica, que en 2018 refirieron la situación en Venezuela a la Corte, activando el examen preliminar que hace una semana concluyó.
También nos recuerda a nosotros los panameños el rol casi inexistente que ha jugado nuestro país en denunciar la perpetración de atrocidades por parte del régimen ilegítimo y autoritario de Nicolás Maduro. Lo anterior, aunado al hecho de que en 2020, una misión internacional independiente de Naciones Unidas, que trabajó desde Panamá, emitió un informe sobrecogedor sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas, hace más dramática aún la ausencia de una posición frontal de Panamá en contra de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las posturas subsecuentemente adoptadas respecto a nuestras “relaciones” con este país.
La tradición panameña en materia de derecho penal internacional antecede a la misma CPI, pues fue el mismo Dr. Alfaro quien hizo, 50 años antes de su establecimiento, un estudio sesudo sobre la factibilidad de establecer una jurisdicción de esta naturaleza. Lamentablemente, con el paso del tiempo, dicha tradición fue abandonada y pasó a ser una de asilo, pero no de asilo para quienes más lo necesitasen, sino para quienes deberían haber sido sometidos a la ley, fomentando la impunidad.
De igual forma, la posición de Panamá respecto a las elecciones del 7 de noviembre pasado en Nicaragua pasa por lamentar la ausencia de garantías mínimas y rechazar las condiciones excluyentes del proceso electoral, así como las “sistemáticas vulneraciones de derechos humanos”, limitándose a un llamado al cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Nicaragua y a la liberación de los presos políticos.
Las “acciones concretas” a las que en reiteradas ocasiones el Presidente de la República ha hecho alusión en sus discursos ante foros internacionales aún no han sido articuladas. Tampoco se ha hecho referencia a la Carta Democrática Interamericana o al pilar democrático que sustenta la existencia de la Organización de Estados Americanos y el Sistema de Integración Centroamericana.
En tal sentido, la norma a la que nuestro país se ha suscrito, la Carta Democrática Interamericana, nos obliga a exigir, de forma individual o colectiva, la suspensión de Nicaragua de la OEA al tenor de lo dispuesto en la cláusula democrática, en la próxima Asamblea General de la organización (10-12 de noviembre). De igual forma, a nivel subregional, tanto el Presiente como la Canciller deben activar los mecanismos correspondientes, sépase la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros del SICA, para que estas instancias conozcan sobre la cuestión nicaragüense y todo lo relativo al proceso de democratización.
A lo interno, las circunstancias son aún más exigentes, pues, según el Decreto No. 364 de 1990, firmado por el presidente Guillermo Endara y el canciller Julio Linares, Panamá debe abstenerse de reconocer a los gobiernos surgidos de fraudes electorales y, en consecuencia, retirar sus representantes diplomáticos e invitar a los del Estado concernido (Nicaragua y Venezuela) a retirar los propios dentro de un plazo breve.
El comunicado panameño sobre la situación en Nicaragua no parece dar a entrever esta posibilidad, mientras que en el caso de Venezuela las relaciones entre ambos países se pueden describir, en el mejor de los casos, como ambivalentes.
Las decisiones de política exterior deben expresar un balance entre las nociones idealistas y realistas. La priorización de cuestiones de orden económico o comercial sobre las normas de derechos humanos y la preservación de la democracia, en circunstancias como las expuestas, se traducen en enormes brechas entre los loables compromisos adquiridos por el Estado panameño y su pobre desempeño en la práctica.
Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, y es allí donde está nuestra gran prueba, redefinir nuestra identidad internacional y abrazar nuevamente la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo como constantes de nuestra política exterior.
(El autor es abogado y profesor de derecho internacional).
