El empresario y expresidente de la República Felipe “Pipo” Virzi comparecerá hoy ante el despacho del diputado Pedro Miguel González, que funge como fiscal en el proceso que se sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
Virzi fue citado por el fiscal para horas de la tarde y se espera que durante la entrevista con González dé explicaciones sobre las afirmaciones que hizo Moncada Luna en cuanto a que él le prestó 700 mil dólares sin intereses para la compra de un apartamento en el piso 16 del P.H. Santorini, en Coco del Mar, San Francisco, valorado en $1 millón 179 mil 200.
El pasado 11 de noviembre, el abogado defensor de Moncada Luna, Sidney Sittón, presentó a la fiscalía el documento notariado que –según el jurista– prueba que Virzi prestó $700 mil a su representado, para que este adquiriera el apartamento en el P.H. Santorini.
Moncada Luna es investigado por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos, tras ser denunciado por el Colegio Nacional de Abogados, luego de que se conociera que adquirió dos apartamentos valorados en $1.7 millón.
Además del apartamento en el Santorini, Moncada Luna tiene otro en el P.H. Ocean Sky. Ambos los adquirió desde su designación como magistrado y hoy día están aprehendidos.
HARÁN AUDIENCIA
Las juezas de garantías que actúan en la investigación seguida a Moncada Luna, las diputadas Katleen Levy García, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez, convocaron a una audiencia para el próximo martes a las 2:00 p.m.
La jueza Levy García informó que la audiencia se realizará a petición de la defensa y será a puertas cerradas.
“El abogado suplente del caso –Gonzalo Moncada– ha pedido una audiencia a las fiscales y decidimos concedérsela el martes próximo”.
Explicó que la audiencia fue solicitada para verificar todo lo que ha actuado el diputado fiscal en este caso.
El abogado Sittón afirmó que informarán a las juezas que el fiscal ha practicado diligencias sin cumplir con el requisito del control previo o la autorización previa de estas.
Explicó que para que el fiscal pueda hacer allanamientos tiene que pedir permiso a las juezas como control previo y si excepcionalmente invoca que tenía que hacer las diligencias de forma expedita, la ley le asigna las 48 horas siguientes para notificar a las juezas y validar ese allanamiento, situación que asegura no realizó.
La semana pasada, el fiscal González aprehendió provisionalmente $1.3 millón a sociedades vinculadas con la investigación.
