El Ministerio de la Presidencia adquirió -mediante la carta de compromiso 23-2020- mascarillas y guantes a Security Equipments Inc., empresa que presuntamente no cumple con los requisitos del resto de las compañías que ofrecen insumos médicos, como la validación o ficha técnica del producto.
Se trata de 5.4 millones de mascarillas sin visor y cuatro millones de guantes, por $4.4 millones. Parte de la mercancía ya fue entregada el 21 y el 23 de abril en las bodegas del Sistema Nacional de Protección Civil, en Howard, según nota firmada el 25 de marzo pasado por el entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, y validada mediante documentación del abogado de la empresa proveedora.
La Prensa consultó la normativa y a proveedores de insumos y confirmaron que para productos médicos –lo que incluye las mascarillas y guantes– la empresa debe estar registrada como oferente del Ministerio de Salud (Minsa). Este es un requisito para someterse al proceso de homologación o la validación de la ficha técnica del producto. Security Equipments Inc. fue eximida de esta exigencia.
Esta compañía ha vendido anteriormente al Estado equipos relacionados con asuntos de seguridad, como chalecos balísticos, armas y alimentos, pero nada que tenga que ver con insumos médicos, según el registro de Panamá Compra.
La Prensa le preguntó al Ministerio de Salud cómo se validará la calidad del producto ofrecido en esta compra y por qué están permitiendo que el Ministerio de la Presidencia efectué las compras sin cumplir con los requerimientos, pero al cierre de esta edición no respondieron.
“Fue un gran error llevar esta compra de productos a la Presidencia o a cualquier otra dependencia del Estado, que no tiene la experiencia en la adquisición de estos productos, que no son lápices ni plumas, sino que tienen que cumplir requisitos básicos de seguridad”, expuso Nuria de Domínguez, de la Asociación Panameña de Distribución de Productos Médicos.
A su juicio, el Estado debió abrir a un concurso solicitando como requisitos el certificado de oferente y la licencia de operación; así se aseguraba de validar la calidad de producto y que los costos ofrecidos fueran acordes al mercado.
“Si son empresas con licencia y certificado de oferente, son confiables y no las que están buscando una oportunidad en el mercado”, añadió, y en el caso de las mascarillas hay de todo tipo.
La Prensa intentó contactar al vicepresidente José Gabriel Carrizo; se le dejaron mensajes en su celular con las preguntas, así como al viceministro de Presidencia, Carlos García Molino, pero no contestaron.
Se intentó contactar al accionista de la empresa, Carlos Emilio Boyd, pero tenía su celular apagado. Su abogado, Gilberto Cruz, contestó por mensajería de texto: “existe un parámetro bajo el cual el Minsa tiene ya en su poder las características de las mismas que han sido previamente certificadas”.
“Al ser urgencia notoria, el Ministerio de la Presidencia estableció que las personas que no tuviesen el criterio técnico por la urgencia pero que tengan la producción en stock, le enviaran los criterios técnicos al Minsa y que el Minsa diera un visto bueno para poder iniciar las entregas”, señaló Cruz.
Esta nota fue modificada a las 8:10 a.m. del viernes 1 de mayo de 2020, para ampliar las declaraciones del abogado Gilberto Cruz...