Cuando el Consejo de Seguridad Nacional –bajo el mando de Ricardo Martinelli– decidió espiar a ciudadanos sin mediar razón judicial, no tuvo reparos. La Prensa tuvo acceso a una lista (incompleta) de más de 65 personas que figuran en el expediente con sus comunicaciones intervenidas.
Algunas ya las han reconocido. Pero la lista apenas empieza a develarse. Incluye, al menos, dos magistrados de la Corte Suprema, como su presidente, José Ayú Prado; dirigentes del partido Panameñista, Partido Revolucionario Democrático (PRD), del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), la Iglesia católica y, sorprendentemente, a miembros del Gabinete de Martinelli y líderes de Cambio Democrático (CD).
Esta semana, la Corte debe decidir dos hábeas corpus presentados por los acusados de violar la intimidad: el exjefe de la Policía y del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y el ex viceministro y consuegro de Martinelli, Alejandro Garuz, detenidos en La Gran Joya.
Además de Ayú Prado –quien, de estar en lista, consideraría querellarse contra los responsables–, aparece su colega Víctor Benavides. Se desconoce si fueron espiados otros magistrados.
El colectivo de los “pinchados” incluye a los entonces candidatos presidenciales, Juan Carlos Navarro (PRD), Juan Carlos Varela (Panameñista) y Genaro López (Frente Amplio por la Democracia). Y el dirigente sindical, Saúl Méndez.
Hasta la exprocuradora Ana Belfon sufrió ataques a su teléfono celular, pero sin éxito. No corrieron con tanta suerte los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, ni su esposa, todos de oposición. En la lista no aparece la exmandataria Mireya Moscoso.
Otros líderes del PRD con comunicaciones intervenidas, además de Mitchell Doens (ex secretario general) y Samuel Lewis Navarro (ex vicepresidente), son Benicio Robinson (su actual presidente); Francisco Pachi Sánchez Cárdenas (su antiguo presidente); la ex candidata presidencial Balbina Herrera; el exjefe del Consejo de Seguridad Javier Martínez Acha; los diputados Leandro Ávila y Pedro Miguel González; y los entonces candidatos a diputado Yassir Purcait y Zulay Rodríguez; y el dirigente Roberto Bobby Velásquez.
Otras insospechadas víctimas fueron el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, la exministra de Educación Lucy Molinar, y el exjefe de campaña del candidato presidencial José Domingo Arias (CD), el diputado José Muñoz.
En la lista aparece gente tan cercana a Martinelli como la empresaria Aurora Muradás, y Rafael Guardia Jaén, exjefe del Programa de Ayuda Nacional (PAN), detenido en La Gran Joya, imputado por corrupción; o gente tan cercana al presidente Varela, como su hermano, el diputado José Luis Popi Varela y Adolfo Beby Valderrama (hoy presidente de la Asamblea Nacional).
La lista incluye a agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en Panamá; comunicadores, como Álvaro Alvarado y José Blandón (Medcom), y Castalia Pascual (experiodista de TVN, y hoy vocera presidencial), empresarios de medios, como Stanley Motta (TVN) y Nicolás González Revilla (Medcom).
La dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera anunció que presentará una querella penal contra el expresidente Ricardo Martinelli, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado, la exprocuradora Ana Belfon y una demanda por daños y perjuicio contra el Estado panameño las escuchas telefónicas ilegales de las que fue objeto en el pasado gobierno.
Herrera, quien fue citada ayer a la Fiscalía Auxiliar para reconocer una serie de evidencias encontradas en los discos duros de las computadoras del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que en su caso no solo se le interceptaron sus llamadas telefónicas y correos electrónicos, sino que fue víctima de un seguimiento diario.
Precisó que se le seguía a todas partes e incluso se le interceptó su agenda diaria de reuniones con políticos e incluso con su familia.
“Aquí se puso en riesgo mi integridad física, la de mi familia, amigos y copartidarios, quienes ignoraban que todos sus movimientos eran vigilados”, alegó.
Dijo que también hay copia de las informaciones que se subieron a las redes sociales para atacarla.
Rodolfo Pinzón, abogado de Herrera, explicó que en este caso no solo presentarán una querella contra los responsables de estos actos, sino que interpondrán una demanda civil por daños y perjuicios y una demanda internacional contra el Estado panameño por violación de los derechos humanos.
En tanto, el actual fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, quien también fue citado por la fiscalía, aseguró que en el expediente reposan varios correos electrónicos de sus actividades como director de medios de comunicación. Rodríguez, quien laboraba en TVN, estimó que las actividades de escuchas telefónicas e interceptaciones de sus correos se remontan al año 2010 y son una clara violación de sus derechos humanos.
A la vez, detalló que como fiscal de cuentas inició una investigación por la pérdida de la máquina usada para las escuchas telefónicas y no descartó citar al expresidente Ricardo Martinelli, a Gustavo Pérez y a Alejandro Garuz como responsables del Consejo de Seguridad Nacional y encargados de la custodia de estos equipos.
Dijo que, además, pedirá una auditoría del Consejo de Seguridad Nacional para determinar su paradero.
Ayer, también acudieron a la fiscalía la dirigente del Partido Popular Teresita Yániz de Arias, el excontralor Carlos Vallarino, el excandidato a diputado Jaime Bamby González, el periodista Álvaro Alvarado y la expresentadora de televisión y hoy subsecretaria de comunicación de la Presidencia Castalia Pascual, quienes confirmaron haber sido víctimas de escuchas telefónicas ilegales. Por otro lado, Pascual presentó una denuncia penal ayer en la Fiscalía Auxiliar por el uso de su nombre para solicitar donaciones a ministros, jueces y magistrados de la Corte.
