“Las crecientes presiones fiscales requerirán una gestión prudente de las políticas”. La frase figura en el último reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist y hace referencia a los crecientes niveles de déficit fiscal y de deuda pública en Panamá.
El año pasado, la diferencia entre ingresos y gastos públicos arrojó un balance negativo de $2,100 millones, cifra equivalente al 3.1% del producto interno bruto (PIB).
La deuda pública, por su parte, se elevó en $5,331 millones y superó el umbral del 40% sobre el PIB recomendado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Estos factores, unidos a una ralentización económica más marcada de lo esperado, llevaron a la calificadora Fitch Ratings a cambiar de estable a negativa la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá, algo que fue interpretado como un toque de atención sobre el manejo de las finanzas públicas.
Por eso, The Economist habla en su informe de que la posición fiscal enfrenta estrés o presión a corto plazo. No obstante, la unidad de inteligencia del grupo editorial británico espera que “una gestión responsable de la política fiscal ayudará a mejorar el balance fiscal a mediano plazo”.
El reporte pondera la reducción del déficit fiscal en el último tercio de 2019 para cerrar en 3.1%, por debajo del límite de 3.5% que establecía la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada por la administración de Laurentino Cortizo para tener mayor margen de déficit.
En el presupuesto de 2020 se contempla una reducción en el déficit hasta el 2.7%, lo que sugiere, a juicio de los analistas, “una política fiscal prudente” y que la contención del gasto ayudará a encauzar los niveles de déficit en el 2% del PIB a partir de 2022.
Del diagnóstico de Panamá no escapan “las debilidades en el marco fiscal”, demostradas por los constantes cambios a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La norma fue creada como una herramienta para controlar el gasto público, pero los sucesivos gobiernos la han modificado para adaptarla a sus necesidades de gasto, algo que no pasa inadvertido para los distintos analistas internacionales.
Además, el informe de The Economist advierte de que la capacidad para elevar los ingresos sigue siendo débil, “y los esfuerzos por desarrollar estas capacidades no parecen ser la prioridad”.
El deterioro fiscal de los últimos años provocó un aumento en la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto. Según los cálculos de The Economist, este indicador seguirá creciendo en los próximos años para llegar a un 48.5% en 2020 y un 50.6% en 2022, niveles que, no obstante, son manejables, teniendo en cuenta los estándares regionales.
Adjuntos
Informe de The Economist.pdfCrecimiento económico
El informe apunta a la aceleración económica como el principal desafío y el objetivo prioritario de Gobierno, después de la ralentización durante el periodo anterior, debido en parte al término de un ciclo de mega proyectos de construcción.
Algunos proyectos nuevos de infraestructura impulsarán el crecimiento, pero, debido a que la capacidad de gasto público es menor, el aporte del sector privado será uno de los factores clave para acelerar el crecimiento, señala el reporte.
Esta es una de las apuestas de la administración de Cortizo, que aprobó un marco legal para promover las asociaciones público-privadas en la ejecución de proyectos de interés público.
Se espera que la tasa de crecimiento pase del 3% en 2019 (la Contraloría General de la República aún debe emitir el dato oficial) a un 3.7% en 2020, para situarse en un promedio de 4% en el periodo 2021-2024.
La expansión del coronavirus puede suponer un riesgo a la baja para el crecimiento por menores volúmenes de exportaciones y una mermada actividad china en Panamá, aunque estos impactos potenciales no son considerados aún en los pronósticos.