El Ministerio Público ha pedido juicio en, al menos, 20 procesos por presunta corrupción en los que se vincula a funcionarios del pasado gobierno.
Los expedientes en cuestión vinculan a 250 personas y la mayoría está relacionada con la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Trece de estos casos se encuentran en los juzgados en espera de fecha de audiencia preliminar, dos ya tienen fecha, mientras que en cinco causas, los juzgados ya han realizado las respectivas audiencias.
Las pesquisas se iniciaron a finales de 2014, y se extendieron durante 2015 y 2016.
Una de las primeras es la que tiene que ver con posibles delitos contra la administración pública en el contrato para adquirir comida deshidratada en $45 millones, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Por esos mismos días también se inició el proceso que buscaba determinar responsables por la pérdida de un equipo para interceptar comunicaciones, que fue adquirido por el gobierno pasado a una empresa israelí a un costo de $13.4 millones para espiar a, al menos, 150 ciudadanos.
El estatus de estos casos y cómo se inició cada investigación se publicará de forma diaria, a partir de mañana, mediante infografías en las páginas de este medio. Se trata de una radiografía de cada uno de los procesos que adelantan las fiscalías.