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INFORME

Procesos judiciales sin castigo, en el radar de Estados Unidos

Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU advierte que la ciudadanía percibe que el sistema judicial es “susceptible a influencias corruptas internas y externas”.

Procesos  judiciales sin castigo, en el radar de Estados Unidos
La ciudadanía ha salido a las calles a protestar por un sistema de justicia que castigue a los corruptos y respete las garantías fundamentales. Archivo

Un sistema judicial cerrado, casos de corrupción sin castigo, poca transparencia, restricciones a la libertad de expresión y prensa, abuso de autoridad por parte de agentes de policía. Son algunos de los hechos mencionados en el capítulo de Panamá del informe de Derechos Humanos de 2020, elaborado por el Departamento de Estado de Estado Unidos (EU).

Corrupción latente

El informe de 27 páginas plasma que la corrupción sigue siendo “un problema grave” en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las fuerzas de seguridad. Advierte que los tribunales desestimaron procesos en los que se investigó corrupción de “alto perfil”, por la “falta de pruebas” o “errores de procedimiento” de los fiscales. Menciona un caso: el del fallido proyecto de riego de Tonosí, donde no hubo culpables.

Se deja claro que la falta de condenas en casos de corrupción alienta la percepción de que en Panamá el sistema judicial es “susceptible a influencias corruptas internas y externas”. “Dos ex presidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y dos ex ministros, Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Ford (del gobierno 2009-2014), están bajo investigación por corrupción relacionada con el caso Odebrecht”, se lee en el documento. También relaciona a Martinelli con el caso New Business, y recuerda que un tribunal lo declaró “no culpable” por el caso los pinchazos.

Los casos vinculados a supuesta corrupción del gobierno de Laurentino Cortizo también figuran, como los escándalos en las compras de la pandemia, y recuerda que algunos fueron a parar al Ministerio Público, como la fallida compra de ventiladores usados y con sobreprecio. Estas compras fueron gestionadas por el Ministerio de la Presidencia, a cargo del ministro y vicepresidente José Gabriel Carrizo.

El Departamento de Estado también pone su mirada en el acceso a la justicia. Dice que este derecho se vio golpeado, pues debido a la pandemia, el poder judicial cerró los tribunales entre marzo y junio, lo que 'retrasó la administración de los casos pendientes. Las audiencias para reducir la población carcelaria y evitar la propagación de la infección por Covid-19 se llevaron a cabo de abril a mayo, pero la ausencia regular de los defensores públicos contribuyó a más demoras”.

Libertad de expresión

Aunque el documento dice que “en general” el gobierno respeta la libertad de expresión y la de prensa, los periodistas y los medios de comunicación notaron un aumento en las demandas penales y civiles por difamación, lo que se considera una amenaza a la libertad de expresión y de prensa. Mencionan el secuestro ordenado por la jueza Lina E. Castro De León contra la Corporación La Prensa S.A, por $1.8 millones a raíz de una demanda presentada por el ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares.

Recuerda que el diputado Sergio Gálvez, desde el pleno legislativo, (que le confiere inmunidad), acusó al analista político Edwin Cabrera, de ser pedófilo y de tener problemas con la bebida. Menciona que la diputada Zulay Rodríguez demandó a Mauricio Valenzuela del medio digital Foco Panamá, después de que este denunciara su participación “en un caso de tráfico de oro”.

Además, advierte que en 2020, los grupos LGTBI denunciaron acoso por parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los meses en que se instauró las compras por género.

Abuso y acoso sexual

El documento dice que los delitos de violaciones sexuales se mantuvieron activos. “Las violaciones continuaron constituyendo la mayoría de los delitos sexuales investigados por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional”, destaca el informe que, de paso, recuerda que la Corte Suprema de Justicia investiga al diputado Arquesio Arias por delitos sexuales.

Aborda el caso de una piloto del Servicio Nacional Aeronaval, quien denunció a su supervisor por acoso sexual ante el Ministerio Público. Después de estos se dieron traslados: el acusado asumió nuevas funciones, y la víctima sufrió acoso laboral, debido a que fue despojada de todas las funciones.


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