El procurador de la Administración, Rigoberto González, cerró preliminarmente la investigación sobre el pago de gastos de movilización y representación a autoridades locales y solicitó a la Contraloría General de la República que cuando concluya la revisión de esos emolumentos, a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización, le remita copia de sus hallazgos y resultados.
En carta enviada el 31 de enero pasado al contralor Gerardo Solís, González le pidió que tan pronto termine la investigación que adelanta esa entidad le remita los hallazgos y resultados.
Según la carta, la Procuraduría de la Administración queda a la espera de los hallazgos de la Contraloría.
Registros previos proporcionados por la propia Contraloría dan cuenta de que algunos alcaldes y representantes cobran hasta $12 mil mensuales, incluyendo los cuestionados gastos.
La competencia para investigar el adecuado uso de estos fondos y la cuestión de a quién le corresponde su control y fiscalización fue objeto de controversia, pues la Procuraduría de la Administración instó a la Contraloría a investigar y actuar, y Solís, a su vez, pidió a González para no extralimitarse en sus funciones.
Ahora, la Contraloría efectúa una revisión sobre el uso de los fondos. La investigación fue anunciada el pasado 18 de enero en un comunicado, en el que Solís aseguró que “las decisiones político administrativas de cada Consejo Municipal con relación a su presupuesto son responsabilidad exclusiva de los alcaldes y representantes”. No obstante, dijo que la Contraloría hará un “análisis completo” para tomar una decisión “coherente y bien informada”.
Una semana después, el 25 de enero, anunció la suspensión del pago de gastos de movilización para alcaldes y representantes, así como del pago de gastos de representación arriba de los $3 mil 500 mensuales. La medida, dijo, se adoptó desde el 20 de enero para dar espacio a la investigación en curso.
Como parte de la pesquisa, Solís invitó a representantes de las asociaciones de Alcaldes y Municipios de Panamá, y del Concejo capitalino, a una reunión para iniciar la revisión. Según la Contaloría, solicitó justificación e información documental que sustente el uso de los fondos.
Cuestionamientos
La investigación inicial que abrió la Procuraduría de la Administración y que desencadenó los cuestionamientos fue resultado de una denuncia del abogado Ernesto Cedeño.
Esto, luego de que Cedeño pidiera a la Contraloría el desglose del pago en concepto de salarios, gastos y dietas de las autoridades locales.
Según los datos que entregó la Contraloría, los gastos de movilización para alcaldes y representantes cuestan unos $12.3 millones al año, adicionales a sus salarios.
Justificación
Al ser cuestionados por dichos gastos y beneficios, alcaldes y representantes de corregimientos han intentado despojarse de responsabilidad. Por ejemplo, el alcalde de Colón, el perredista Alexis Lee, aseguró que no se trata ingresos, sino de “una herramienta de trabajo”. Lee declaró ante los medios que los gastos se utilizan, porque “aquí todo el mundo camina sus comunidades, si no, no ganan nuevamente”. Lee instó a los periodistas que lo entrevistaban a hablar “de cosas más importantes”.
