El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que no es viable que el Defensor del Docente –figura propuesta por los gremios de educadores– esté adscrita al Ministerio de Educación (Meduca).
Al responder una consulta efectuada por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, González concluyó que dicho funcionario no podría estar supeditado a las directrices del Meduca, pues ello crearía un conflicto de intereses. Y es que su función esencial sería velar por los intereses de los docentes del sector público y la ley prohíbe expresamente a los abogados del Meduca ejercer acciones en defensa de los educadores.
De acuerdo con el artículo 621 del Código Judicial, “ningún servidor público, aún cuando esté de licencia o se encuentre por cualquier motivo separado temporalmente fuera del puesto, podrá ejercer poderes judiciales, administrativos ni policivos”.
Mientras, el artículo 622 del mismo código apunta: “el servidor público que ejerza la abogacía en contravención del artículo anterior será sancionado con la pérdida del empleo”.
González indicó, por tanto, que hay incompatibilidad de los abogados del Meduca y dicho cargo.
