La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, devolvió al procurador de la Administración, Rigoberto González, la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño, en la que pide investigar la conducta de los funcionarios de la Contraloría y de los gobiernos locales, por la partida de movilidad que cobran representantes de corregimiento y alcaldes.
En la nota No. P-CSJ-002-2022, la magistrada López señaló que los artículos 86 y 87 del Código Judicial establecen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, y que dentro de ellas no se encuentra la de investigar la conducta oficial de funcionarios de la Contraloría General de la República y de los gobiernos locales.
La Ley Ábrego
La decisión de López deja en manos del procurador de la Administración, Rigoberto González, la investigación relacionada con la denuncia presentada por Cedeño. En noviembre de 2021, González acogió la denuncia de Cedeño y solicitó a la Contraloría un informe de conducta. Pero, el contralor Gerardo Solís advirtió de que el procurador de la Administración carecía de competencia para investigarlo, tras la aprobación de la Ley 258 del 26 de noviembre de 2021, que le da a los magistrados de la Corte la facultad de investigar las causas por delitos comunes o faltas cometidas por funcionarios de alta jerarquía, entre ellos el contralor. Incluso, Solís le dijo a González que incurriría en “un acto justiciable”.
La Ley 258, ahora conocida como “Ley Ábrego”, fue impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Abrego, cuya esposa, Elia Díaz Núñez, es la directora Nacional de Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comerciales de la Contraloría. Su jefe es Solís.
Ábrego redactó la norma que tuvo el respaldo de la mayoría de los diputados, después de que la Corte no acogió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Contraloría, contra una resolución de la Procuraduría de la Administración con la que se decide investigar a Solís, a raíz de otra denuncia presentada por Cedeño.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional el pasado miércoles, Solís admitió que la “Ley Ábrego” surgió por el fallo de la Corte que no admitió su amparo, y aseguró que pese a que él piensa que el procurador González es una persona “brillante”, considera que este no tiene competencia para investigarlo, sino una instancia “especial”.
