Rigoberto González, procurador de la Administración, remitió una nota al contralor Gerardo Solís, en la que le pide una aclaración de los informes recibidos por esa institución, con el propósito de resolver el uso dado por las autoridades de los gobiernos locales a los fondos de la descentralización.
El trámite se efectuó luego que la Corte Suprema de Justicia remitiera a González una denuncia en la que se pide examinar la conducta de los funcionarios de la Contraloría y de los gobiernos locales (alcaldes y representantes de corregimiento), en la asignación de los fondos de movilización, gastos que, de acuerdo con la Contraloría, están amparados en la ley que descentraliza la administración pública (Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015).
Vaivén judicial
En una primera oportunidad, Solís se negó a contestar las interrogantes del procurador González respecto a la denuncia, alegando que carecía de competencia para investigarlo. Sacó a relucir la nueva Ley 258 del 26 de noviembre de 2021, que devuelve a los magistrados de la Corte la facultad para investigar administrativamente a funcionarios de alto perfil, como el contralor General de la República.
Sin embargo, la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, alegó que los artículos 86 y 87 del Código Judicial, que establecen las atribuciones de los magistrados de ese tribunal, no le confieren la potestad de investigar la conducta oficial de los funcionarios de la Contraloría.
La denuncia por este caso la presentó el abogado Ernesto Cedeño.
Datos proporcionados por la Contraloría indican que alcaldes y representantes han elevado sustancialmente sus ingresos mensuales, precisamente por los gastos de movilización.
Los 10 alcaldes que más cobran en el país tienen salarios entre $7 mil 350 y $12 mil 250, gracias a esos fondos. Esos 10 alcaldes representan un gasto al Estado de $1 millón 159 mil 416 al año, pues aparte de salarios, ellos reciben gastos de movilización, de representación, y dietas.
Además, la mayoría de ellos tiene carro del Estado con su respectivo chofer.
Para el abogado Cedeño, se requiere una investigación para determinar el uso que se le da a estos costosos emolumentos.
Cedeño recalcó que se trata de fondos públicos cuya asignación requiere de justificación y controles para evitar su despilfarro. Explicó que la denuncia que presentó en la Procuraduría de la Administración precisamente busca eso: aclarar el uso que se le da a los fondos de la descentralización.
