El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa solicitó a sus fiscales superiores que flexibilicen la aplicación de medidas cautelares a las personas objeto de procesos penales y de aquellas ya detenidas, para preservar su seguridad y el respeto de sus derechos humanos en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
En una nota con fecha del 13 de abril de 2020, Ulloa destacó que dada la emergencia sanitaria nacional por el nuevo coronavirus y, en atención a lineamientos surgidos en el seno de organizaciones como el Sistema de Integración Centroamericana, la Organización de Estados Americanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se deben instaurar acciones para aplicar alternativas a la privación de la libertad a quienes se encuentren sujetos a ella.
Eduardo Ulloa, procurador general de la Nación
“Es nuestro propósito que el Ministerio Público (...) con tribuya a que nuestro país supere la crisis sanitaria que enfrentamos”.
Destacó que en la medida en que las circunstancias lo permitan, ya sea por el transcurso del tiempo, la variación de las exigencias para mantener el arresto o una disminución en el nivel de riesgo que presenta la persona imputada, se revisen las opciones existentes y flexibilizar las medidas cautelares aplicadas.
“Es nuestro propósito que el Ministerio Público, actuando en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, y de los intervinientes en el proceso penal, contribuya a que el país supere la crisis sanitaria que enfretamos”, explicó Ulloa en la nota.
Mientras que la CIDH, en un comunicado hecho pública ayer, reconoció que los problemas y desafíos provocados por la pandemia “son extraordinarios”, pero que los derechos económicos, sociales y culturales deben ser garantizados sin discriminación.
La CIDH también planteó que se hace necesario garantizar el derecho a la salud de todas las personas, en especial aquellas que se encuentran en riesgo, como los adultos mayores, niños, migrantes, refugiados y privados de libertad.
La organización propone la reducción de la sobrepoblación en los centros penitenciarios aplicando medidas alternativas a la privación de libertad.
También advierte que debe cuidarse el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La CIDH solicitó, además, que todas aquellas medidas adoptadas por los Estados frente al Covid-19 y que afecten el ejercicio de derechos humanos, deben ser temporales, legales y ajustadas a criterios científicos definidos. Así mismo, llamó a la preservación de las fuentes de empleo y respeto de los derechos laborales de los trabajadores de personas que pueden verse afectadas por la emergencia.
Recientemente, en la Corte Suprema de Justicia fue presentado un recurso para que a los encarcelados se les dé otra medida distinta a la detención provisional. Mientras que en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley que busca el mismo propósito.
El sistema penitenciario ha rebajado penas a más de un centenar de presos.