Que se incluya como información de acceso público el presupuesto de las instituciones aprobado para el año fiscal corriente, los cambios y los traslados de partida y las actas de las reuniones de junta directiva, y que se acorte el tiempo para responder una solicitud de información, son algunos de los aspectos que se busca modificar o incorporar en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, sobre la transparencia en la gestión pública.
La iniciativa fue presentada la semana pasada ante el pleno legislativo por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, con el argumento de que “en los últimos años, la transparencia en el ejercicio de la gestión pública ha venido sufriendo reveses importantes de parte de los propios funcionarios que deberían promoverla”.
Gestión Pública
La Ley 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas sobre la transparencia en la administración pública y establece la acción del ‘habeas data’, surgió del seno de organizaciones de la sociedad civil organizada. Este mes cumplió 18 años , tras su aprobación en la Asamblea.
Al hacerse eco del acuerdo que firmó Panamá en 2012 y que convierte al país en miembro de la Alianza de Gobierno Abierto, la iniciativa de Vásquez propone incluir en la Ley 6 de 2002 el término “datos abiertos”, como el “conjunto de datos que se estructuran en un formato en el cual se puedan acceder, utilizar, manipular, distribuir y reutilizar libremente por cualquier ciudadano sin más requerimiento que la atribución y que permita la interoperabilidad de estos”.
Por ello, la propuesta señala que toda la información que por ley debe ser pública, debe estar en formato de datos abiertos.
Menos días
El proyecto también plantea acortar de 30 a 15 días el tiempo que tiene el funcionario para responder una solicitud de información.
Igualmente, propone que las instituciones hagan público el presupuesto aprobado para el año fiscal corriente, así como los cambios y traslados de partida, los estudios de factibilidad, y, en casos pertinentes, los estudios de impacto ambiental de las inversiones en obra de infraestructura y contratos de concesiones.
Se busca, además, que sea de carácter público la “información relativa a las reuniones de junta directiva de aquellas instituciones y empresas públicas, de acuerdo con los miembros que la conforman, la asistencia a estas reuniones, las fechas y el pago en concepto de dieta, emolumentos y viáticos derivados del trabajo que realizan los miembros de dichas juntas directivas”. Esto no está en la ley vigente.
Igualmente, pide incluir en la norma el “nombre completo, número de cédula, cargo, fecha de ingreso al cargo, estado de la designación y el salario o pago respectivo” de las personas contratadas por el Estado que cobren o no emolumentos, dietas, gastos de representación y viáticos.
Si por alguna razón las instituciones no pueden suministrar las informaciones de acceso público que se les pide, deberán, según la propuesta de Vásquez, “sustentar con resolución motivada” la información que no pueden suministrar por ser considerada de carácter confidencial o de acceso restringido, conforme a lo establecido en la ley.
Dicha resolución primero deberá ser remitida a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para su debida evaluación y aprobación, trámite que no deberá durar más de tres días hábiles. De ser negada la aprobación por la Antai, la autoridad competente estará obligada a entregar la información.
La iniciativa también contempla hacer cambios a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y establece de forma obligatoria las capacitaciones de los funcionarios y la creación de un calendario público sobre estas.
Reacciones
Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, tildó la iniciativa de positiva. “Toda medida que busque transparencia es positiva y debe ser apoyada por todos. Para que los esfuerzos alcancen los mejores resultados, la mejor y mayor coordinación de las variadas iniciativas y propuestas es siempre muy útil”.
Igual opinión expresó Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien dijo que toda modificación encaminada a develar información debe ser vista como positiva, ya que contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer su responsabilidad de auditar.
Más allá, indicó que hay que ser vigilantes, puesto que suele ocurrir que cada vez que entra una propuesta de modificación a la Asamblea, luego se introducen cambios restrictivos o negativos frente a la transparencia y rendición de cuentas que, de acuerdo con su criterio, debe ser el compromiso de todo gobierno.
La Antai adelanta consultas, para también proponer reformas a la Ley 6 de 2002.