Pasar de la jurisdicción de los Municipios a la del Órgano Judicial figura como una de las principales propuestas planteadas por los jueces de paz en las consultas para reformar la Ley 16 de 2016 que, precisamente, instituyó la Justicia Comunitaria de Paz y dictó disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
Asimismo, en las consultas –que se efectúan en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional– se ha sugerido que los jueces de paz puedan hacer allanamientos y aplicar sanciones menores. Además, que se les cambie el nombre por jueces comunitarios.
“Entrar en el engranaje Judicial surge, porque ahora mismo están en el aire, nadie sabe qué ente se encarga de la justicia de paz”, dijo Pedro Ortega, asesor de la comisión.
Hasta ahora, los jueces de paz han asistido a 2 de las 10 reuniones en la comisión propuestas para consensuar un anteproyecto que modifique la Ley 16, encuentros en los que también han participado representantes del Órgano Judicial, Procuraduría de la Administración, Ministerio Público y asesores de la presidencia de la Asamblea.
Durante estos dos encuentros, los jueces de paz han expresado que la falta de presupuesto es uno de los principales obstáculos que tienen para desarrollar su trabajo.
Además, han denunciado que no cuentan con personal ni papelería; que no reciben sus pagos ni apoyo de los alcaldes ni del Ministerio de Gobierno.
También se quejaron de que no tienen capacidad de coerción para actuar, y que les llegan casos que no son de su competencia.
Neisa Pérez, juez de Paz de Monagrillo, distrito de Chitré, denunció que no les han dado las herramientas “y si no nos dan las herramientas y los recursos, no podemos trabajar ni darle una respuesta a la ciudadanía. Por eso, es el sin sabor de la gente de que la ley no es efectiva, no actuamos y no procedemos. Pero es que no nos lo permiten”.
Miguel Palma, juez en Santa Ana, distrito de Panamá, se preguntó: “¿cómo es posible que no se adecuaron los presupuestos para que la Ley 16 entrara en funcionamiento?”. Acto seguido, explicó que “se hacen las discusiones y las vistas presupuestarias que se proponen ante los Consejos Municipales, y siguen las mismas respuestas: que no hay presupuesto”.
Durante estos encuentros, el gran ausente ha sido la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), pese a que, según Pedro Ortega, asesor de la Comisión, se les ha remitido invitación.
“Se les ha enviado nota a la Amupa y a otros alcaldes, pero no han asistido”, precisó.
Explicó que a partir de enero empezarán una gira por el interior del país para hablar con los jueces de paz y alcaldes. Añadió que modificar la Ley 16 es una iniciativa de varios diputados.