El pleno de la Asamblea Nacional que discute el proyecto de ley 546, que crea la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral (FGE), propuso incorporar a la entidad una oficina de capacitación y enlace ciudadano para que la población pueda hacer consultas sobre temas electorales.
Este es uno de los seis cambios propuestos, en su mayoría por la bancada del Partido Revolucionario Democrático, al proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral (TE) y que hoy, lunes, pleno discutirá en segundo debate.
La oficina de capacitación, según el diputado perredista Roberto Ábrego, quien presentó esta modificación, dijo que la FGE sería una especie de asesor de los ciudadanos. “Los ciudadanos podrán presentar sus preocupaciones, recomendaciones en la medida que consideren necesario para el desarrollo en el ejercicio de sus derechos”, aseguró.
Ábrego aseguró que se busca que la entidad tenga más “independencia”, pues, dijo, actualmente está supeditada al TE.
Otra cambio presentado al proyecto es que la FGE sea una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del TE con derecho a “administrar su presupuesto”.
Ello en correspondencia con el artículo 144 de la Constitución que establece que es un organismo coadyuvante del TE con derecho a administra su presupuesto.
Además, se incluyó que tanto el fiscal como su adjunto serán designados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional. Ambos deberán reunir los mismos requisitos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el secretario general de esa entidad deberá haber cumplido 30 años para poder asumir el cargo.
La iniciativa también busca la equiparación de los salarios de los fiscales a los de los jueces electorales.
Durante la sesión, el actual fiscal electoral, Dilio Arcia, informó que de las cerca de 5 mil carpetillas de casos que recibió cuando entró a su despacho el 10 de septiembre de 2019 quedan 3 mil 53.
Sin embargo, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, cuestionó a Arcia, quien en su momento, dijo que había encontrado un “desgreño administrativo”, al llegar a la Fiscalía. Vásquez dijo que no ha sabido de ninguna denuncia formal presentada por Arcia y que no ve acción de parte de este organismo.