La subcomisión que instaló la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para evaluar el proyecto de ley 779, que modifica la Ley 22 del 29 de junio de 2005, sobre el derecho a réplica en medios de comunicación del país, sostuvo ayer su primera sesión.
El grupo, conformado por Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista; y el perredista Roberto Ábrego (ausente), escuchó las opiniones de ciudadanos y representantes de organizaciones.
Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas de Panamá, habló de la necesidad de una ley que “reconozca la profesión” y se quejó de los salarios que los medios le pagan a los periodistas.
Por su parte, Saúl Méndez, excandidato presidencial y dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, se enfocó en el derecho a la información que tienen los ciudadanos y que, a su juicio, se ha perdido. “Creo que el proyecto de ley ha servido para que se abra el espectro de una discusión mucho más profunda”, manifestó.
El diputado Carles, en un discurso ambiguo, dijo estar de acuerdo con la propuesta, pero sugirió que se deben ampliar los plazos para publicar la réplica.
En la sala estuvieron presentes Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodista por las Libertades de Expresión e Información; y Guillermo Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo. Sin embargo, no tomaron la palabra.
En la primera reunión que se llevó a cabo para tratar el tema, el 23 de marzo, Adames y el periodista Atenógenes Rodríguez leyeron un documento, en el que rechazaron la iniciativa, destacando, entre otros aspectos, que en relatorías de análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Panamá no se ha señalado ningún problema sobre el derecho a réplica.
Asimismo, se refirieron a los montos de las multas que deberían pagar quienes infrinjan la ley. A su juicio, las multas estipuladas en el proyecto afectarían “desproporcionadamente” a medios de comunicación pequeños y, con ello, a libertad de expresión.
La autora y el propósito
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Zulay Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, y estipula un plazo de 24 horas para que los medios difundan las réplicas, prorrogable por 24 horas más.
Actualmente, la Ley 22 de 2005, que regula esta figura, da un plazo de 48 horas, con 24 horas prorrogables.
La iniciativa plantea, además, un aumento a las multas para quienes infrinjan la ley de entre $5 mil y $10 mil. Incluso, podrían aumentar a $15 mil en caso de tratarse de una noticia que incluya la supuesta comisión de un hecho punible.
Durante la sesión del pasado 23 de marzo, Rupilio Ábrego, suplente de Benicio Robinson, atacó a los medios de comunicación: “Aquí nadie regula a los medios de comunicación [...] se hacen llamar el cuarto poder y yo no sé si el pueblo les dio el poder [...] son los encargados de manipular información, desprestigiar figuras públicas y no hay ningún tipo de control sobre esto”, dijo.
El poder de los diputados
Mientras tanto, el abogado Ernesto Cedeño consideró que “no es digno entrar a considerar el tema de la modificación del derecho a réplica” sin antes implementar un código de ética para los diputados en la Asamblea que no les permita “la disertación en las curules de los discursos que violenten los derechos humanos de los ciudadanos”.
Esto, a raíz de que múltiples veces diputados, incluyendo a Zulay Rodríguez, atacan a ciudadanos escudándose en el artículo 154 de la Constitución, que dice que los miembros de la Asamblea no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
