El proyecto de ley 304, que busca penalizar el vandalismo, iniciativa que llegó a la Asamblea Nacional de la mano del ministro de Seguridad, Juan Pino, podría morir en su cuna: no tiene apoyo entre los diputados de las diferentes bancadas.
Si bien fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, el documento sufrió importantes cambios que establecen cárcel para los funcionarios que malversen fondos durante una emergencia nacional. Se modificó el artículo 338 del Código Penal, que actualmente contempla penas de hasta 15 años de prisión para quien sustraiga o malverse -de cualquier forma- dinero, valores o bienes del Estado.
Con las modificaciones hechas en la Asamblea, la pena se elevaría a más de 20 años de prisión. Se le agregó una disposición que dice: “si las acciones antes descritas se cometen durante un estado de urgencia nacional, decretado por el Órgano Ejecutivo (...) las penas anteriormente descritas serán aumentadas hasta la mitad”.
También se plantea modificar el artículo 364 de ese mismo código, en lo referente a las penas de hasta dos años de cárcel para los que alteren un precio en un acto de contratación pública. Los diputados proponen que la sanción se eleve a tres años de prisión.
Este es el segundo proyecto de este tipo que se discute por estos días en el Legislativo. El primero fue el que presentó la perredista Kayra Harding, pero cuando estaba en segundo debate, la diputada lo retiró en medio de los cuestionamientos de sus copartidarios. Entre ellos, Jairo Bolota Salazar, Mariano López, y Cristiano Adames.
El proyecto de Pino propone, entre otras cosas, adicionar una disposición al artículo 234-A del Código Penal, para sancionar hasta con 10 años de cárcel al que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública producto de un estado de emergencia nacional, cause daños o destruya una propiedad mueble o inmueble, o se apodere de bienes ajenos.
También propone hasta 10 años de prisión para los que inciten, promuevan, ayuden o financien esta práctica.
