En el último día de sesiones legislativas, el pasado 30 de abril, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que, de ser sancionado por el Ejecutivo, fijaría el costo por estudiante por parte de los colegios particulares que adopten las clases virtuales.
Además, la propuesta establece que debido a la pandemia de la Covid-19 los centros educativos particulares tendrán que diferir las mensualidades de los meses de abril, mayo y junio de 2020 a los años 2021 y 2022.
El proyecto se aprobó en primer debate, a puerta cerrada, y en el pleno no se escucharon las opiniones de los colegios.
Aprueban diferir pago de colegios privados hasta 2022
Que los centros educativos particulares difieran las mensualidades de los meses de abril, mayo y junio de 2020 a los años 2021 y 2022 es una de las medidas que plantea el proyecto de ley 300, aprobado por los diputados en tercer debate en el último día del cierre las sesiones ordinarias.
“El centro educativo particular deberá registrar el cargo diferido del usuario y el mismo deberá ser cargado a 24 meses correspondiente a los años 2021 y 2022”, señala la propuesta, que, además, plantea que el monto adeudado se diferirá en partes iguales en los 24 meses “sin recargo alguno, ni mora, ni afectar las referencias crediticias. Este saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá ser considerado como mora ni debe afectar las referencias crediticias de los usuarios”.
La iniciativa, que fue impulsada por el perredista Javier Sucre, también establece, por ejemplo, que los centros particulares que cambien su metodología de enseñanza de presencial a virtual pueden cobrar de un 0 al 50% del valor bruto por cada estudiante mientras este se mantenga dando clases virtuales y se compruebe su rendimiento académico.
Se precisa que al estudiante que por la pandemia necesite cambiar de centro educativo se le entregue de inmediato copia de sus créditos académicos, sin que ello implique costos o restricciones por algún tipo de pago pendiente.
Se deja por sentado que se deberá otorgar paz y salvo siempre y cuando el usuario mantenga un saldo no mayor a 60 días al 28 de febrero de 2020. El centro educativo particular estaría en la obligación de emitir el correspondiente paz y salvo hasta el 30 de junio de 2020, sin contemplar los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 por ser diferidos, según este proyecto de ley.
Tampoco se podrá negar acceso a las plataformas informáticas escolares en las que se manejan las asignaciones, notas, resultados de pruebas académicas y la interacción entre los estudiantes y centros educativos.
Este proyecto, que ahora depende de la sanción del Ejecutivo, fue aprobado a puerta cerrada en primer debate. En el pleno, donde se aprobó sin objeciones, no se leyó ninguna opinión de los representantes de colegios particulares. Este medio consultó a varios, pero no respondieron.
Irma Ortiz, quien gestiona la creación de una asociación de padres de familia de colegios particulares, dijo que desconocía en detalle la propuesta. No obstante, consideró que hay que considerar que cada colegio tiene sus propias condiciones y establecer montos específicos derivaría en el cierre de muchas escuelas. “Hay colegios que de cobrar solo el 50% van a tener que cerrar. Un descuento unificado no se puede, las escuelas están ofreciendo los descuentos que pueden”, declaró.
Cifras del Ministerio de Educación revelan que para 2020, 228 mil 598 (87%) estudiantes de media y premedia fueron inscritos en escuelas oficiales y 62 mil 546 (13%) en colegios particulares en todo el país.
Contratación municipal
El proyecto 300, también permite que las instituciones públicas y los municipios puedan contratar personal, a través del programa de empleo para hacer labores productivas y actividades que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante y posterior al periodo de emergencia nacional.
Estas contrataciones podrán mantenerse pasada la emergencia nacional.
“Posterior a la finalización de dicho periodo, dichas contrataciones se podrán mantener para afrontar el alto índice de desempleo y reactivar la economía nacional”, plantea la propuesta.
Igualmente, se propone crear un programa de empleo para la recuperación, que estará integrado por todas las instituciones públicas, municipios y por el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo coordinaría.
