La investigación seguida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al expresidente Ricardo Martinelli por presuntas irregularidades en la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) podría quedar cerrada definitivamente, ya que el Ministerio Público (MP) no puede legalmente ejercer ninguna acción para su reapertura y no se sabe aún si la parte afectada pedirá una revisión del fallo.
Esta situación quedó expuesta así, luego de la decisión del magistrado de la CSJ José Ayú Prado, quien en funciones de fiscal de esta causa decretó el archivo provisional del proceso seguido a Martinelli, y de los casos en los que se investiga a los diputados de Cambio Democrático (CD) Sergio Chello Gálvez y Vidal García, los tres por la compra de granos a través del PAN –hoy Dirección de Asistencia Social (DAS)–, durante el pasado gobierno.
Ayú Prado alegó que hasta ahora no se han podido reunir “elementos de convicción idóneos que acrediten un hecho con apariencia punible”, y se basó en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que dice: “El fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes”.
Asimismo, dice que el fiscal “dispondrá el archivo si estima que el hecho no constituye delito, desestimando la denuncia o las actuaciones. Su decisión será revisada por el juez de garantías –en este caso el magistrado Jerónimo Mejía– si la víctima lo solicita”.
NO SE SABE SI HABRÁ REVISIÓN
Fuentes del MP explicaron que correspondería a la CSJ solicitar a la Contraloría General de la República más información sobre las cuentas y dinero manejado por el extinto PAN para la compra de granos y determinar si hay posibilidad de reabrir la investigación.
No obstante, documentos proporcionados por el Órgano Judicial indican que desde 2016 no se hicieron diligencias por este proceso. El caso fue admitido por el pleno de la CSJ el 17 de septiembre de 2015.
El MP remitió copias de la investigación a la CSJ, tras la declaración rendida en enero de 2015 por el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien dijo que adjudicó los contratos para la compra de granos por instrucciones de Adolfo Chichi De Obarrio, entonces secretario del expresidente Ricardo Martinelli.
Guardia Jaén reveló que que cuando le pasaban el teléfono, Martinelli le decía: “Te paso a Chichi, haz todo lo que te diga”.
La fuente agregó que también remitieron copias del proceso a la CSJ cuando fueron mencionados los nombres de los diputados Gálvez y García, ya que es facultad de la CSJ investigar a los diputados.
Este diario llamó al Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para conocer si la DAS, bajo la jurisdicción de su despacho, pediría como víctima del caso una revisión del fallo de Ayú Prado, pero no respondió.
La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, remitió a la CSJ la declaración de Guardia Jaén el 24 de abril de 2016.
El 17 de septiembre de 2016 el caso fue admitido por el pleno y se designó a Ayú Prado como fiscal.
En aquella fecha, el Órgano Judicial informó que uno de los aspectos tomados en cuenta por el pleno del CSJ para iniciar la investigación a Martinelli fue el hecho de que Rafael Guardia Jaén declaró que los contratos para la venta de granos a las empresas era un asunto que manejaba el entonces jefe de compras del Súper 99, Roberto Brin, debido a que el arroz era proporcionado por Mario Martinelli, hermano del expresidente.
Otra de las declaraciones usadas como fundamento para iniciar la investigación fue la declaración rendida por Pablo Ruiz Obregón, representante de la empresa Hialing Corporation, quien narró que Mario Martinelli era el socio capitalista de esa empresa, que también había vendido arroz, menestras y mochilas escolares al Programa de Ayuda Nacional.
Además, el pleno de la CSJ hizo referencia a un informe financiero, en el que se señalaba que desde la empresa Hialing Corporation, S.A., se giraron cheques por montos considerables a favor de Mario Martinelli, Roberto Brin y José Domingo Mimito Arias, quien posteriormente sería candidato presidencial por Cambio Democrático en la campaña de 2014. Estos hechos no se corroboraron.
PRUEBAS CONTRA DIPUTADOS
En el caso del diputado García, la empresaria Mara del Carmen Vergara, de Suplidora Edimar, S.A., declaró que le entregaba un porcentaje del dinero cobrado a los diputados. Mientras, Guardia Jaén afirmó que Gálvez pidió la compra directa de sacos de arroz para su circuito a través de tres contratos con la Constructora Botsa.