El 25 de octubre de este año, una jueza municipal, cuyo cargo usualmente la enfrenta a decisiones de los casos penales de la menor jerarquía del sistema judicial, actuó como suplente del juez de circuito a cargo de la causa penal más importante de la historia de este país: el caso Odebrecht.
La jueza municipal Lania Batista negó caracterizar el caso Odebrecht como complejo y ordenó que se remitiera de inmediato todo el expediente al juzgado. El Ministerio Público (MP) apeló esta decisión al Segundo Tribunal Superior, lo que en la práctica conllevó a la suspensión de la investigación del caso Odebrecht.
Adicionalmente, fue interpuesto un amparo de garantías constitucionales contra esa apelación por uno de los investigados en este mismo caso. Ese amparo está en manos de la Corte Suprema de Justicia, instancia que debe decidir si lo admite o lo rechaza. La práctica habitual del MP solía ser continuar las investigaciones mientras este tipo de recurso era decidido. La jurisprudencia establecida por el caso Finmeccanica cambió todo esto. En la polémica decisión de la magistrada Ángela Russo y siete magistrados principales y suplentes que la respaldaron, se anuló toda la tramitación del caso realizada con posterioridad a la orden del juez de la causa de remitir todo el expediente.
Aunque un análisis sensato y de racionalidad jurídica sugiere que el Segundo Tribunal Superior debe conceder la apelación favorablemente al MP para que el caso Odebrecht pueda avanzar, la Corte Suprema de Justicia debería rechazar la admisión de cualquier amparo de garantías, ya que la sola admisión del amparo para su estudio implicaría que todo el expediente se tendría que remitir a la Corte Suprema para que sea analizado y se redacte un fallo, tramitación que usualmente tarda años.
La asistencia judicial que contiene las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán que involucran al ministro del Canal, Roberto Roy, llegaron al MP el 1 de noviembre. Eso impide que se puedan tramitar, ya que si el Segundo Tribunal o la Corte Suprema ordenaran una determinación sobre el caso, la investigación correspondiente a Roberto Roy podría quedar anulada. En otras palabras, el MP debe esperar las decisiones judiciales para continuar con el expediente y proceder a una investigación pertinente a Roberto Roy.
Una opción que puede ser explorada por el MP es abrir una investigación a la empresa española FCC.
Por el principio de economía procesal, los operadores de justicia prefieren concentrar en un mismo caso todo lo relativo a las pruebas y conductas derivadas de una acción delictiva. El riesgo que puede ocurrir con una causa separada para FCC es que las pruebas están en el expediente de Odebrecht, y si ese expediente se cae o se impugna, la investigación de FCC quedaría estancada. Además, hay una línea tenue que separaría los dos casos, y es que podría convertirse en doble juzgamiento, lo que es causal de nulidad al no poderse juzgar dos veces por un mismo delito. Irónicamente, si se cae el expediente de Odebrecht, la opción de abrir una investigación separada para el caso de FCC permitiría al MP investigar con libertad todo este asunto. Esto no impide, sin embargo, otras investigaciones, como en los casos de peculado o enriquecimiento injustificado de servidores públicos. Usualmente, es la Contraloría General de la República la que realiza la investigación y esta entidad bien puede proceder de oficio con sus propias pesquisas, las que no se verían afectadas por ninguna de las decisiones judiciales que tiene empantanado al MP.
Por supuesto que el ministro Roy bien pudiera acudir voluntariamente, tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General, y presentar su declaración de descargo frente a las controversiales expresiones de Rodrigo Tacla Durán.
*El autor es abogado