El 15 de enero de 2015, una comisión del Congreso de Argentina citó al fiscal Alberto Nisman para que brindara detalles sobre una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández
Nisman estaba al frente de la investigación por el atentado contra un centro judío de Buenos Aires, en 1994, y de la posterior denuncia contra la entonces presidenta Fernández por supuesto encubrimiento de los autores intelectuales del ataque, presuntos miembros de la diplomacia iraní.
Fernández había tratado de mejorar las relaciones con Irán, lo cual generó recelos en sectores políticos y entre familiares de las víctimas del atentado
Altos funcionarios negaban las acusaciones y apuntaban a un complot para desestabilizar a la presidenta.
Un día antes de su presentación en el Congreso, el 18 de enero, Nisman fue hallado muerto en el baño de su apartamento, con un disparo en la cabeza y a su lado un arma calibre 22.
Al día siguiente, la fiscal Viviana Fein informó a la prensa que, según estudios preliminares, “no hubo intervención de terceras personas” en el hecho, lo cual reforzó la hipótesis del suicidio. Pero en el expediente fue identificado como “muerte dudosa”.
El 22 de enero, Fernández publicó en Facebook que Nisman había sido asesinado. Apuntaba a Antonio Stiuso, exjefe de inteligencia, enfrentado con el gobierno y que le habría suministrado al fiscal información falsa para denunciarla.
La justicia imputó luego al técnico informático Diego Lagomarsino, ayudante de Nisman, por haberle entregado al fiscal el arma con la que se realizó el disparo que lo mató. Lagomarsino dijo después que Nisman le pidió prestada el arma, porque temía por la seguridad de sus hijas.
El 29 de enero, la exesposa de Nisman y madre de sus dos hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, declaró: “Tenemos la certeza de que esto fue obra de otra persona”.
El 13 de febrero, el fiscal Gerardo Pollicita dio curso a la denuncia presentada por Nisman antes de morir e imputó a la presidenta Fernández por encubrimiento. Poco después, la fiscalía a cargo de Fein anunció que tomó declaración al exagente Stiuso.
Doce días después de formalizarse la denuncia, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la acusación contra Fernández por encubrimiento. “No hay pruebas”, dijo el juez.
El 4 de marzo, el fiscal Pollicita apeló la resolución del juez. Al día siguiente, la jueza Arroyo Salgado presentó un informe de peritos contratados por ella, según el cual a Nisman “lo mataron” .
Molesta con la investigación, Arroyo Salgado pidió apartar a Fein del caso, pero la jueza a cargo, Fabiana Palmaghini, desestimó su pedido.
Una corte federal de apelaciones rechazó poco después, por falta de pruebas, la denuncia de Nisman contra Fernández.
El 20 de abril, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, desestimó la denuncia de Nisman contra la mandataria y la causa quedó archivada.
A finales de mayo, la fiscal Fein informó que una junta médica designada para analizar el caso Nisman le entregó dos informes contradictorios sobre la muerte del fiscal. De igual modo, Fein negó que se hubiesen dado irregularidades en las primeras pericias, como había informado la prensa.
En enero de 2016, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó desclasificar toda la información relacionada con la muerte del fiscal, poco antes del aniversario de su muerte.
El 25 de febrero, el fiscal Ricardo Sáenz presentó un dictamen en el que afirmaba que Nisman había sido asesinado y que la investigación debía trasladarse a la justicia federal. Esto terminaría sucediendo el 1 de marzo, cuando la jueza Palmaghini se declaró incompetente para investigar la muerte de Nisman, luego de escuchar el testimonio del exagente Stiuso
Stiuso declaró ante la justicia que Nisman habría sido asesinado por personas relacionadas con el gobierno de la expresidenta Fernández. Según su abogado, la afirmación no se basa en pruebas, sino en interpretaciones.
A mediados de mayo, la exfiscal Fein consideró que la muerte de Nisman pudo ser un suicidio instigado. El pasado 16 de junio, el máximo tribunal penal falló que no hay pruebas de que Nisman hubiese sido asesinado y ordenó trasladar el caso a la justicia ordinaria.
(Con servicios internacionales).