El proceso por envenenamiento masivo con medicinas que contenían dietilenglicol corre el peligro de que se declare prescrito, a partir de febrero próximo, debido a que se cumplen seis años desde que el Segundo Tribunal de Justicia llamó a juicio a los implicados en este caso y aún no tienen una sentencia en firme.
Antonio Vargas, abogado del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, que agrupa a las víctimas por este envenenamiento, confirmó que el término de prescripción de la pena se cumple en febrero de 2017, y no hay una sentencia en firme a los imputados, debido a las apelaciones que se presentaron tras el fallo del Segundo Tribunal del 30 de julio de 2016, que absolvió a seis personas, incluyendo a exjefes de la Caja de Seguro Social, y se condenaron a otras seis a penas entre uno y cinco años de prisión.
Según Vargas, si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no resuelve prontamente las apelaciones al fallo del Segundo Tribunal, algunos de los abogados defensores podrían pedir la prescripción del proceso.
La Fiscalía Tercera Superior y el Comité apelaron el fallo, recursos que están en manos de la Sala Penal de la Corte.