Existe una preocupación creciente de la opinión pública acerca de que los resultados de los exámenes médicos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), de las personas que supuestamente fueron vacunadas clandestinamente, den como resultado que se trató de una falsa vacunación, es decir, que la prueba de anticuerpos a estos individuos no arroje rastro alguno de vacuna Pfizer (o Astrazeneca).
A este respecto, el Ministerio Público (MP) ha adoptado una reserva estricta del desarrollo de este expediente, situación que fomenta aún más las especulaciones sobre la investigación criminal en curso.
Esto hace pensar, como parte de la especulación colectiva, que el resultado será que el gobierno no tiene vinculación con las jornadas de vacunación clandestina ocurridas el 1 y 7 de junio pasado en Punta Pacífica y Coco del Mar, respectivamente.
Siguiendo el hilo de la especulación acerca de que los supuestos vacunados clandestinamente no den rastro de vacuna alguna, tendríamos dos posibles hipótesis relevantes desde el punto de vista del Código Penal.
Hipótesis 1: el engaño
En este supuesto, las personas que afirmaron haber sido vacunadas clandestinamente, y que luego de las pruebas del Gorgas no muestran rastros de vacuna, podrían no ser las que verdaderamente fueron inoculadas.
En este caso, estaríamos frente al tipo penal de falso testimonio, contenido en el artículo 387 del Código Penal, así: “Quien utilice la fuerza física, amenace o intimide, ofrezca dinero u otro beneficio a un testigo, perito, intérprete o traductor, con el fin de inducirlo a dar una declaración, dictamen, interpretación o traducción falsa u obstaculice su presentación o la aportación de pruebas en un proceso, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. La misma pena se aplicará al testigo, perito, intérprete o traductor que acepte el pago o beneficio prometido”.
Se invoca este artículo, debido a que la cantidad de testigos involucrados en las pruebas del Gorgas, de dar resultados negativos, pueden hacer suponer un grado de coordinación, o quizás algún otro tipo de situación cuestionable.
Hipótesis 2: la vacuna falsa
A contrario sensu de la hipótesis anterior, en esta se asume que efectivamente las personas examinadas por el Gorgas fueron las vacunadas clandestinamente.
Si sus exámenes revelaran la ausencia de rastros de los inoculantes de Pfizer, esta situación no concluye la investigación penal, sino que la transforma en un caso de delito contra la salud pública, como lo describe el artículo 305 del Código Penal, así: “Quien sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo, o falsifique o altere el permiso o la licencia de importación o la fecha de vencimiento del producto o subproducto para el consumo, será sancionado con prisión de tres a seis años. Si quien realiza la conducta descrita en el párrafo anterior es el mismo que elaboró, envenenó, contaminó o adulteró las sustancias o es un servidor público, se le agravará la pena en un tercio”.
Aunque la supuesta vacuna falsa fuera de “agüita con azúcar”, la misma carga con un alto grado de peligrosidad. Es posible que una persona falsamente vacunada piense que ya está protegida y visite a un tercero contagiándolo de Covid-19, con serias consecuencias. Igualmente, el seudo vacunado podría contagiarse de Covid-19, pero entendiendo falsamente que está inmunizado, retrasa la atención médica necesaria para salvar su propia vida. Además, existe la posibilidad de que las jeringuillas, de una falsa vacunación, no hayan estado adecuadamente esterilizadas o que pudieran haber sido utilizadas para inyectar a otra persona previamente, lo que expondría al falso vacunado al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o a hepatitis, por solo mencionar dos enfermedades altamente contagiosas.
Estos no son elementos de una estafa, sino de un delito contra la salud pública.
Este análisis ha intentado demostrar que cualquiera sea el resultado de la pesquisa sobre la vacunación clandestina, pueden haber conductas penales implicadas con importantes sanciones.
Aunque en este ejercicio hipotético no se afirma la culpabilidad de persona alguna, sí se exige al Ministerio Público que investigue hasta las últimas consecuencias todos los cabos sueltos de este sonado escándalo.
