La aprobación de una adenda por $2.4 millones para la construcción del Mercado Periférico de Chilibre, cuando la obra registraba un avance inferior al 60%, motivó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto sobrecosto y posible lesión patrimonial contra el Municipio de Panamá.
El contrato original para el diseño, construcción, equipamiento y financiamiento del Mercado Periférico de Chilibre fue adjudicado por el Municipio de Panamá en septiembre de 2022 por $11.9 millones. Sin embargo, con la adenda millonaria, el monto total se elevó a más de $14.4 millones.
La adjudicación, realizada en medio de varias reclamaciones presentadas por otras empresas que participaron en el acto público, recayó en el Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres, integrado por Bioecológica Ingenieros, S.A. y Servicios & Alquileres C.L., S.A. El consorcio fue inscrito en marzo de 2023.
Bioecológica Ingenieros, S.A., registrada en marzo de 2012, tiene como presidente a Joseph Benaim; como secretario a Ricardo Antonio Delgado, y como vicepresidenta y tesorera a Yirelis Salazar.
Precisamente, Bioecológica Ingenieros, S.A. figura en la lista de clientes de la firma de Odila Castillo, la exfuncionaria de la Contraloría General de la República que gestionó varios equilibrios contractuales a favor de contratistas del Estado y que se convirtió en millonaria en dos años.
Por su parte, la junta directiva de Servicios & Alquileres C.L., S.A., constituida en julio de 2008, la integran hermanos Claudio César y Luis Diego Broce Quirós, quienes figuran como presidente, secretario y apoderado, y tesorero, respectivamente, además de Ligia Quirós como directora.
Los señalamientos contra el consorcio constan en una denuncia presentada el 22 de septiembre de 2025 por el abogado y actual vicealcalde capitalino (en licencia), Roberto Ruiz Díaz, quien solicitó investigar posibles irregularidades relacionadas con la ejecución y modificación del contrato para la construcción de la obra, desarrollada durante la administración municipal de José Luis Fábrega (2019-2024).
La denuncia sostiene que, entre 2022 y 2024, el consorcio recibió pagos por un total de $8.6 millones, distribuidos en más de $2.4 millones en 2022, $4.3 millones en 2023 y $1.8 millones en 2024.
Según el denunciante, ese monto representa más del 70% del valor original del contrato, pese a que la obra aún no alcanzaba el 60% de ejecución.
De acuerdo con el expediente, la ampliación económica, aprobada “sin mayor justificación”, según Ruiz, fue sustentada en la incorporación de nuevos locales comerciales dentro del proyecto. No obstante, la denuncia cuestiona la necesidad y la justificación técnica usada para el incremento aprobado durante la construcción de la obra.
‘Los números no cuadran’
El caso volvió a cobrar relevancia luego de que, la semana pasada, el contralor Anel Flores ordenara una auditoría al proyecto tras realizar una inspección en el sitio.
Durante el recorrido, Flores manifestó dudas sobre la correspondencia entre los recursos desembolsados y el avance observado en la construcción.
“Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, expresó Flores.
Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre
— Anel Bolo Flores (@AnelBoloFlores) June 12, 2026
Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo.
Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará
Añadió que, ante esas inconsistencias, se ordenó una auditoría forense inmediata sobre el proyecto, al advertir que “cada dólar de los panameños se fiscalizará”.
La auditoría busca establecer el manejo de los fondos públicos destinados al mercado y verificar si los pagos efectuados guardan relación con la ejecución real de la obra.
Obra bajo escrutinio
La denuncia también solicita investigar la actuación de los funcionarios que participaron en la aprobación de la adenda y en los trámites administrativos que permitieron elevar el valor del contrato en más de $2.4 millones.
Entre los aspectos señalados figura la necesidad de revisar los informes de avance utilizados para sustentar la modificación contractual, así como la documentación técnica que respaldó el aumento de costos.
Se desconoce si el Municipio de Panamá impuso multas por el atraso en la entrega de la obra, equivalentes al 4% establecido en el contrato firmado con el consorcio en 2022. La obra debía ser ejecutada y entregada en un plazo de dos años. En el portal Panamá Compra no consta documentación que registre acciones administrativas en ese sentido.
La Prensa intentó que Solís respondiera si la Contraloría realizó alguna inspección previa al refrendo de la adenda de la obra. Sin embargo, al cierre de esta nota, este medio no había recibido respuesta.
