Las grandes burocracias que aspiran a mantener su memoria institucional y a gestionar el conocimiento de sus acciones pasadas, cotidianamente preparan informes sinceros y francos, en los cuales analizan su propio comportamiento.
Los personajes de esta historia parecen repetidos:el Pentágono, el Washington Post y una guerra inútil. No se trata del conflicto de Vietnam, sino de la guerra más larga que Estados Unidos ha emprendido en su historia: la guerra de Afganistán.
Después de los actos terroristas que implicaron el secuestro de cuatro aviones civiles, el derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York, el ataque al Pentágono y un fallido atentado suicida contra la Casa Blanca, la reacción de los militares estadounidenses fue contundente. En cuestión de semanas, miles de soldados de fuerzas especiales de Estados Unidos habían invadido Afganistán. Le seguirían decenas de miles de tropas regulares, y de fuerzas de la OTAN y otros países. Más de 18 años después, la guerra todavía continúa.
El informe SIGAR
Para conocer que pasó en realidad en ese conflicto, el gobierno federal de Estados Unidos estableció un inspector general especial para que preparara un informe sobre el conflicto afgano, conocido como SIGAR, por sus siglas en inglés. Esta pequeña entidad entrevistó a 400 participantes del conflicto armado, incluyendo generales, diplomáticos, agentes de inteligencia, y personal de campo. Todos cooperaron bajo la condición del anonimato, y así en el 2014, empezó a prepararse el informe denominado Lessons Learned (Lecciones Aprendidas), que terminaría teniendo más de 2 mil páginas de extensión.
El informe estaba destinado a los analistas militares, especialistas del gobierno federal de los Estados Unidos y, por supuesto, a sus altos mandos del estamento de seguridad. El documento tenía como intención prevenir que se repitieran los mismos errores, en alguna futura intervención militar de los Estados Unidos.
En agosto del 2016, el diario Washington Post demandó al gobierno de los Estados Unidos, invocando la ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), equivalente a nuestra Ley de Transparencia. Aunque el diario ganó parcialmente, recibiendo parte de los documentos solicitados sin que se identificaran a los entrevistados, el medio insistió en seguir litigando para conseguirlo completo.
Por otra vía, el periódico de la capital de Estados Unidos obtuvo el informe completo y lo publicó. Esta vez no tenía una decisión judicial que lo respaldara , por lo que el periódico estadounidense se está corriendo un enorme riesgo legal por su acción, dado que muchos de los trámites judiciales pendientes son ante jueces muy conservadores que no necesariamente respaldan la filosofía editorial del Post.
El periódico tituló su portada del día de ayer así: “U.S. officials misled public about Afghan war, confidential documents reveal” (Autoridades de Estados Unidos engañaron al público sobre la guerra afgana, según revelan documentos confidenciales). Para leer la nota completa puede visitar este enlace https://www.washingtonpost.com/regional/.
La guerra de Afganistán le ha costado a Estados unidos al menos 2 mil 400 fatalidades, decenas de miles de heridos y para el pueblo afgano la cuenta puede superar los cientos de miles de muertos, heridos, familias divididas, una economía arruinada, y la vulnerabilidad a un clima de conflictos violentos y una guerra civil, al retirarse las tropas extranjeras.
En su análisis de esta publicación, el diario El País de España cita el dato de la Universidad de Brown, que calcula el costo financiero, de los 18 años de la guerra afgana para el ciudadano estadounidense, en un aproximado de $934 mil millones a $978 mil millones.
El conjunto de documentos de los Papeles del Pentágono que publicó el periódico en 1971, demostró que el alto mando militar y diplomático estadounidense le había mentido a su pueblo sobre la guerra de Vietnam. Se suponía que ese informe evitaría nuevas guerras inútiles.
El reporte de los Papeles de Afganistán demuestra que la burocracia militar y diplomática es buena produciendo documentos, pero no haciéndoles caso. Para exigirles cuenta por sus errores y abusos existen los medios de comunicación como el Washington Post, que están dispuestos a jugársela por la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
En Panamá, la Ley de Transparencia es un instrumento que es tan bueno como lo permitan los funcionarios, y estén dispuestos los tribunales a respaldarlo. El riesgo de la libertad de expresión es siempre que los poderosos busquen el silencio a toda costa.