La investigación seguida a Nicel Solano, exasistente de magistrado en el Órgano Judicial, así como otras dos denuncias contra jueces por presuntas anomalías en la tramitación de procesos penales y civiles han evidenciado la vulnerabilidad de la administración de justicia frente al crimen organizado.
En el caso de Solano se le atribuye haber filtrado información a la pandilla Humildad y Pureza (HP), ligada, a su vez, al Clan del Golfo, de Colombia.
Otra investigación en curso del Ministerio Público fue una denuncia presentada en septiembre de 2021 por la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta liberación irregular de José Cosio, señalado por las autoridades como jefe de la banda Calor Calor.
En este caso se investiga la actuación del juez Gerardo Ríos, quien supuestamente ordenó la liberación del detenido, cuando dicha actuación correspondía a un juez de cumplimiento.
En enero del 2021 la Corte presentó otra denuncia contra un juez civil de la provincia de Chiriquí por presunta corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Justamente la semana pasada la Corte convocó al concurso para nombrar a tres magistrados y seis suplentes del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, al que le correspondería investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves.
Filtraciones revelan fragilidad institucional
El Órgano Judicial y el Ministerio Público adelantan diligencias administrativas y penales a fin de establecer si en las filtraciones presuntamente hechas por la exfuncionaria judicial Nicel Solano a miembros de la red criminal Humildad y Pureza (HP) pudieran estar implicados otros funcionarios del sistema judicial.
Ello debido a que como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se descubrió que un teléfono de los investigados tenía copias de las órdenes de allanamiento a realizar por la fiscalía, así como detalles de la individualización de la participación de los investigados.
Las pesquisas revelaron que Solano laboró en la segunda oficina judicial del sistema penal acusatorio del Primer Distrito Judicial y por ello pudo tener acceso a información de algunas diligencias que se hicieron en esta investigación.
Sin embargo, las autoridades estiman que la funcionaria pudo haber contado con la colaboración de otros funcionarios. En la investigación se da cuenta de un listado de números telefónicos asignados a seudónimos, entre los que aparece Jurado 2, que corresponde a Solano.
Se analizan los seudónimos para ver a qué personas corresponden y su posible participación en la red.
En este caso a los investigados se les suministraba un instructivo de cómo debían conducirse ante los jueces para recibir medidas cautelares menos duras que la detención preventiva. Así como de los jueces que podrían quedar a cargo de algunas de las audiencias pedidas por la Fiscalía Especializado contra la Delincuencia Organizada.
También hay información de que algunos abogados daban asesoría a la organización criminal sobre el comportamiento que debían tener los investigados en caso de ser detenidos, que iba más allá de los límites profesionales de la relación cliente-abogado.
Exigen más controles
Los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y Adán Arnulfo Arjona han señalado que esto hace imperativo la aplicación de mayores controles en la selección del personal que laboraba en el Judicial, a fin de evitar la penetración del crimen organizado .
Díaz alegó que la implementación de la carrera judicial se hace urgente para tener una mayor certeza de que el personal escogido para una determinada posición cumple con las exigencias de probidad, ética y capacidad. Dice que es preciso establecer filtros para separar a los funcionarios con malas actuaciones de aquellos que cumplen su labor de manera ejemplar.
Justamente la semana pasada, el Órgano Judicial hizo la convocatoria para 12 nombramientos inéditos en base a lo establecido en la ley 53 de 2015 que dicta la carrera judicial. Se trata de la escogencia de tres magistrados y seis suplentes del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que tiene la función de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves.
En tanto, el exmagistrado Arjona alegó que debe darse una veeduría más cercana de las actuaciones de los funcionarios judiciales.
Arjona dijo que alrededor del tema de la justicia no puede haber suspicacias de las actuaciones de los funcionarios y que los controles deben asegurar que estas cosas no ocurran.
El exfuncionario alegó que la selección del personal y el seguimiento de sus actuaciones es fundamental en la administración de justicia y que la situación detectada debe alertar a todos.
Por su parte, Rubén Castillo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que en estos casos lo primordial en la probidad de la investigación y la certeza del castigo para quienes resulten responsables. Además, se deben asegurar los mecanismos para que no se repitan.
Mientras que Elisa Suárez, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), consideró que la corrupción en las instituciones es un tema grave. Suárez dijo que solo el fortalecimiento de las instituciones puede evitar que la corrupción generada por el crimen organizado siga minando la credibilidad en el sistema.