Un vacío legal parece amparar a quienes desafían a las autoridades de salud y de policía al realizar fiestas, quinceaños y celebraciones que podría fomentar la difusión del nuevo coronavirus.
A pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) ha dictado disposiciones legales que restringen la movilidad y obligan al distanciamiento social, en las redes sociales circulan videos de fiestas y reuniones en las que se observa la aglomeración de personas sin mascarillas y consumiendo alcohol.
Proceso
Fuentes del Ministerio Público explicaron que esa entidad solo puede actuar si se presenta una denuncia, como lo hizo en el caso de la boda de Punta Pacífica en marzo, proceso en el que está pendiente que se fije la fecha de imputación. Mientras, en el caso de la fiesta de Patio Pinel, el proceso fue cerrado porque no se halló a los responsables.
El vacío legal queda expuesto cuando los jueces de paz y funcionarios del Minsa plantean la imposibilidad de aplicar sanciones a quienes organizan fiestas en sus residencias y a las que asisten grupos de personas que se exponen a la Covid-19.
Como la jueza de paz de Río Abajo, Susana Mora, quien explicó que los jueces de paz no tienen competencia para realizar allanamientos y/o detener una fiesta o actividad en la que esté involucrado un grupo de personas.
Mora precisó que en esos casos ellos pueden acudir al lugar si se presenta algún tipo de queja, y tienen competencia para entregar una citación al dueño de la residencia para que comparezca al despacho después.
De acuerdo con la funcionaria, en estos casos la responsabilidad recae en la autoridad sanitaria, ya que se trata de la violación a normas de salud pública.
“Nosotros podemos llegar al lugar, pero no podemos hacer un allanamiento, a menos de que el dueño de la residencia acceda a salir. De otra manera, no tenemos facultad para allanar”, explicó.
Recalcó que en tiempos normales, cuando se presenta una queja ciudadana por exceso de ruido por una fiesta o celebración, la Policía Nacional levanta un informe de novedad y luego se cita al dueño de la casa.
Insistió que al existir una situación excepcional como la de ahora, en la que la autoridad de salud ha dispuesto determinadas restricciones, es ésta a la le compete realizar el control.
Detalló que en estos momentos no existe una regulación específica para atacar estas situaciones y que solo se están atendiendo las violaciones al toque de queda y los desalojos, en el caso de existir amenazas o violencia.
Por su parte, el jefe de Salud Pública de la Región de Salud de San Miguelito, Max Ramírez, opinó que la competencia es de los jueces de paz, ya que, afirmó, ellos tienen las herramientas legales para proceder y sancionar a quienes violan la ley.
Ramírez planteó que si las autoridades de salud presentan una denuncia no habría ningún resultado inmediato, ya que los términos judiciales están suspendidos.
A su vez, el asesor legal de la Región de Salud de San Miguelito, Enrique Domínguez, reiteró que los jueces de paz sí tienen herramientas legales para intervenir y detener estas fiestas, basadas en las normas generales que establecen que las autoridades están para proteger la vida y honra de las personas.
Alegó que tanto los jueces de paz como los alcaldes pueden actuar ante estas circunstancias y poner freno a situaciones de riesgo para la comunidad.
Este diario envió un cuestionario a las autoridades de la Policía Nacional, con el propósito de conocer su posición sobre esta controversia y el alegado vacío de poder, pero hasta la hora de cierre de esta edición no había respondido.
La voz del vecino
Jorge Batista Cedeño, residente de Cerro Viento, contó que el pasado fin de semana se llevó a efecto cerca de su residencia una fiesta en la que participaron más de 25 personas y que él llamó a la Policía, pero esta nunca se apersonó en el lugar y la celebración se prolongó hasta bien entrada la madrugada, incluso con la presencia de menores de edad.
De acuerdo con su opinión, estos casos evidencian la falta de conciencia de la ciudadanía, que ha provocado un aumento en los casos de Covid-19.
En redes sociales circuló este fin de semana el video de un quinceaños, en el que la madre de la cumpleañera retó a la Policía a detener el evento; y otro de un grupo de jóvenes jugando fútbol en la calle sin mascarillas.
En tanto, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que uno de sus agentes, que participó en una fiesta en Coclé, no fue sancionado debido a que en la actividad no había más de 12 personas y, además, el funcionario desconocía que era portador del nuevo coronavirus cuando retornó a su domicilio.