El informe que origina al pedido de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se basa en denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso.
Los maquillajes se habrían efectuado a través de la “contratación ilegal de operaciones de crédito” o pedaladas fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones. De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del Gobierno Federal. El procedimiento equivale a un “empréstito” concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000. El gobierno niega que se trate de operaciones encubiertas de crédito e indica que los casos abordados conciernen a operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones. El informe destaca en cambio que se trató de una práctica cuya “continuidad y magnitud” pueden “caracterizar (...) un crimen de responsabilidad, durante el actual mandato” de Rousseff. Los retrasos “no eran meros atrasos o aceptables desajustes de flujos de caja, sino un engañoso mecanismo de ocultación del déficit fiscal, con valores muy significativos a partir de 2013”, agrega el reporte, presentado por el diputado Jovair Arantes, aprobado el 11 de abril por una comisión parlamentaria.